Los vecinos de la Villa 31 pedían urbanización y planes de pago para acceder al derecho constitucional de una vivienda digna. Pero Rodríguez Larreta impulsó la venta de los terrenos para pagar el crédito con el que se construyó parte del Paso del Bajo y contó con Lousteau y Cortina como aliados en la Legislatura. «Se están apropiando de algo que nosotros hicimos, que construimos, y por lo que nosotros luchamos», reclaman los vecinos. «No queremos que nos los regalen, queremos pagarlos». El negocio inmobiliario pudo más.
Por Sabrina Roth para Nuestras Voces
A pesar de los reclamos de los habitantes de la Villa 31, la legislatura porteña aprobó este jueves la venta de terrenos del barrio Padre Carlos Mugica para pagar parte del crédito que otorgó la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el Paseo del Bajo. Los vecinos exigían que las tierras se destinaran a la reurbanización de la villa con créditos accesibles para las familias trabajadoras que viven en la zona. Sin embargo, denunciaron que al autorizar la compra de la tierra por parte de particulares el gobierno promoverá un gran negocio inmobiliario y será el primer paso para expulsar a quienes se encuentran en ese territorio. Horacio Rodríguez Larreta además de los votos propios, contó con los de las bancas del partido Evolución, del ahora oficialista Martín Lousteau y del socialista, también aliado a Juntos por el Cambio, Roy Cortina.
Lejos de los prejuicios, los habitantes del barrio no pretenden que se les regalen las tierras, sino que se garantice su derecho constitucional a la vivienda digna y que se desarrollen planes para que la gente pueda pagarlos.
“Nosotros no nos queremos adueñar de la tierra. Queremos que este gobierno tenga en cuenta todo lo que hicimos para tener una mejor calidad de vida. Queremos que comprenda que tenemos derecho a estos terrenos y que queremos una urbanizacion digna, donde a través de nuestros haberes, de nuestro trabajo podamos pagar la luz, el agua y nuestra vivienda. Vamos a seguir luchando por eso”, aseguró Nilda Beatriz Fernández que llegó al barrio hace 35 años. Hoy tiene 59 años y nueve hijos. “Dicen que en la villa somos todos delincuentes, pero no es así. Yo crié a mis hijos y todos están estudiando en la universidad. Son como cualquier otro chico que vive en Recoleta, pero vivimos en la villa”, expresó.
Nilda viajó desde Chaco con cuatro hijos. Huía de una situación de violencia y buscaba un horizonte con más posibilidades. “Una vecina me dijo que estaban dando terrenos para la gente que necesitaba, que no tenía viviendas. Cuando llegamos no había agua ni luz. Me uní a una comisión de organización que funcionaba en la villa. Empezamos con una olla popular y comenzamos a reclamar para tener los servicios porque no había nada. Fuimos pasando todos los gobiernos, siempre luchando para que esté mejor el barrio. Entre los vecinos lo primero que pedíamos era trabajo y los que lo consiguieron hicieron una caja chica para comprar los caños de agua, los cables de la luz. Y entre nosotros fuimos mejorando las cosas. Los propios vecinos cavaban cada cuadra e ibamos construyendo la cloaca”, relató a Nuestras Voces en la puerta de la legislatura. Y explicó el motivo del reclamo. “Estamos muy mal. Sentimos que se están apropiando de algo por lo que nosotros luchamos. Vivimos en la villa porque no nos da para vivir a otro lado y este es nuestro barrio. Sabemos que esas tierras son muy valiosas y negociables pero nosotros vamos a seguir en la lucha para quedarnos con lo que es nuestro. Lo único que pedimos es que nos de la oportunidad de pagar una cuota que sea mínima y que podamos cubrir con nuestros haberes”.
Con su remera de La Garganta Poderosa y cámara de fotos en mano, Lilian Andrade, de 26 años también participó de la movilización que, producto del vallado, no logró llegar a la puerta de la legislatura. Cinco años atrás vivió en situación de calle. “La villa para mi hoy es una salvación y ni hablar de mis vecinos y vecinas por el cariño que constantemente me brindan siempre al invitarme un mate, a charlar, porque no tengo una familia cerca y mis ellos son mi familia”, relató.
Lilian es una de las vecinas que vive en una de las zonas donde están reubicando a las familias. Sin embargo no puede acceder a ese beneficio. “En 2016 no me censaron. En ese momento trabajaba todo el día porque estaba en la feria. Vendía todo el día y todos los dias. Cuando fueron a hacer el censo yo no estaba. Entonces solo registraron a las personas que encontraban. Fuimos a pedir que vuelvan pero vinieron otro día de semana. Yo no podía perder un día de trabajo y sin siquiera saber cuando iban a ir”.
Lilian, al igual que muchos otros vecinos, reclamó que la cantidad de casas que se van a construir no son suficientes para todos los que tienen que ser reubicados. “No nos pueden decir que no hay lugar para construir las casas porque con esta ley están queriendo rematar esas tierras. Nos están diciendo en la cara que no hay terrenos cuando somos nostros los que pateamos el barrio todos los dias y sabemos perfectamente que espacio no falta. Solamente que les conviene mucho más que esas tierras estén en manos de inversores porque están al lado de Puerto Madero que tiene el metro cuadrado más caro de todo Capital Federal. Entonces nos vienen a mentir a nosotros desde un lugar calentito, desde una oficina ciuando nosotros somos los que vemos la realidad”, reclamó.
Desde la página oficial de la Secretaría de Integración Urbana promocionan las 120 nuevas viviendas que finalizó el Gobierno de la Ciudad en el predio que se conoce como Containera. “Las casas están construidas en steel frame, con materiales de alta tecnología que permiten que los vecinos puedan disfrutar viviendas sustentables y de calidad”, aseguran desde el portal.
Sin embargo, los habitantes del barrio ven otra realidad. Y tiene explicación. “Las casas en las que nos quieren reubicar son de durlock y de chapa. A las primeras casas en el sector Containera se les caían las puertas y las ventanas con marco y todo. Para la foto son re lindas. Juegan mucho con lo visual, pero las paredes no miden ni dos centimetros. Si le apoyas algo o lo atornillas se termina rompiendo. Para que sean casas nuevas la están haciendo demasiado rápido y de una calidad horrible. Ahora al Ministerio si lo están haciendo con material. ¿Por qué eso lo hacen de calidad y nuestras viviendas, que vamos a tener que endeudarnos para pagarlas, no. Si vamos a pagar por 30, 40 años y las casas nos van a durar 10, entonces es una ley para echarnos y no para echarnos ahora, porque de un día para el otro no se hacen los negocios. Los empresarios pueden esperar diez años, pero nosotros no.
Los vecinos sostienen que ante cualquier imposibilidad de pagar las cuotas que fije el gobierno los van a expulsar. Malena Bazán explicó a Nuestras Voces: “Como las tierras van a pasar a manos privadas, ¿quién va a poder pagar la tierra? El gobierno va a ir casa por casa y al que no pagó la cuota lo va a expulsar y va a tener el derecho de hacerlo. La mayoría de las personas ganan diez, quince mil pesos. ¿Vos crees que con diez mil pesos van a poder pagar la vivienda y los servicios? Ahí van a ir echando uno por uno”.
María del Carmen Díaz vive en la villa desde hace 30 años. Al igual que Lilian reclamó por la calidad de las viviendas que están construyendo. “Hay personas que fueron trasladadas a la Containera y esa es una casa de chapa, lana de vidrio y durlock que no es una vivienda a largo plazo. Es una construcción precaria. El gobierno muestra que está urbanizando pero esa es una vivienda de cartón y no reconocen las casas de las personas que fueron reubicadas, no reconocen ni un ladrillo. Nosotros queremos viviendas dignas con materiales tradicionales como los que tenemos y que nos respeten porque tenemos derechos”, aseguró.
María es separada y actualmente es el único sosten de sus cinco hijos. Uno de ellos estudia electromecánica y otro cursa paleontologia. Los mellizos van a la escuela técnica. Y el quinto tiene una discapacidad. La casa donde vive es suya. La construyó junto al padre de sus hijos “ladrillo a ladrillo. Los domingos no era vida porque era trabajar y trabajar. He sacrificado muchos deseos de mis hijos, de ir al cine, de tener cosas de marca. Los he privado de tantas cosas para tener la casa que tengo ahora y no es posible que el gobierno venga y me quiera arrebatar mi propio trabajo”.
“Si venden las tierras seremos 60 mil viviendo en la calle y eso es lo que quiere el gobierno. Este gobierno es un gobierno de expulsion porque no le importan los pobres. A este gobierno no le gusta la clase trabajadora, viene por los grandes negocios inmobiliarios”, sostuvo. Y agregó: “Macri siempre quiso vender la villa 31 pero como los terrenos eran de Nación no lo pudo hacer. Siempre quiso esas tierras y ahora está cumpliendo sus deseos”.
El 29 de enero, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) publicó en el Boletín Oficial la decisión administrativa 45/2019 a través de la cual el Estado Nacional cedía al Gobierno de la Ciudad una serie de terrenos, entre los que se encuentran los de la Villa 31. La operación se realizó en el marco de un convenio que firmaron junto al Ministerio de Transporte a través del cual el gobierno de CABA se comprometía a pagar parte del crédito otorgado por la CAF para la financiación del Paseo del Bajo a cambio de la cesión de esas tierras para gestionar los fondos necesarios para cancelar la deuda.
Eduardo vive en el barrio hace diez años con su novia. También participó de la movilización frente a la legislatura. Si bien sostuvo que tiene miedo que el mercado gané la batalla aseguró que también le da más fuerzas. “Yo aprendí que el barrio te da esa miística que tenes que estar luchando. Vi cómo se creó un profesorado de educación popular. Ahora se están por recibir las primeras maestras y entonces ves que podes crear un ascenso social”.
Al igual que Lilian también denunció que el censo no se hizo adecuadamente. ”Hay muchos vecinos y vecinas que no están censados. Se habló de relevamiento y entonces se armó desprolijamente a propósito porque con la plata podrían haber hecho publicidad avisándole a los vecinos que se iba a ser un censo y que era vital porque se iba a hacer por única vez. El Estado es el responsable de garantizar que todos los vecinos se puedan urbanizar y eso es un proyecto a largo plazo y si no hay un proyecto de país que incluya a la clase trabajadora no va a haber una urbanización”, sostuvo.
La legisladora Andrea Conde explicó: “El tratamiento del proyecto que se votó implicaba la venta de tierra pública. Según nuestra Constitución debería haberse tratado con doble lectura, un mecanismo que implica que se pueda escuchar a lxs vecinxs en una audiencia pública para poder mejorar un proyecto que se trató con la legislatura vayada y llena de policías. Creemos que se confirma lo que siempre pensamos sobre los planes expulsivos de Larreta. Mientras promociona la inauguración de un Mc Donalds en el barrio, deja sin seguridad jurídica sobre sus tierras a sus legítimxs propietarixs”.
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