Por falta de personal, un juez sólo investiga causas con penas mayores a tres años

El juez de Instrucción, Eduardo Quelín, dictó una resolución en la cual resolvía que, en función del “excesivo” cúmulo de trabajo y “carencia de personal”, solo debían pasar a despacho aquellas causas con penas previstas mayores a tres años.

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

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En abril de este año, el fiscal de Las Heras, Ariel Candia, mandó una serie de emails avisando que el juez de Instrucción, Eduardo Quelín, había dictado una resolución en la cual resolvía que, en función del “excesivo” cumulo de trabajo y “carencia de personal”, solo debían pasar a despacho aquellas causas en trámite, en las cuales se estuvieran investigando delitos cuyas penas previstas sean mayores a tres años de prisión.

El juez dispuso que las restantes causas quedaran “reservadas en el sector de letra de cada Secretaría, situación que debía mantenerse así hasta el ingreso del nuevo personal y debiendo pasarse a despacho de manera excepcional y solo en los casos en que algún justiciable lo solicite formalmente”.

Cuando el fiscal de Cámara, Carlos Rearte recibió el email, que también llegó al procurador, sostuvo que lo que había resuelto Quelín “no se ajusta” a las normas, sobre todo a las atribuciones y deberes que tienen los jueces y juezas de Instrucción ni tampoco al Código procesal Penal, que dispone que “el deber del magistrado es de investigar la totalidad de las causas que se inician, sin ningún tipo de limitación, salvo las de índole procesal o constitucional”.

Además, el fiscal de Cámara sostuvo que la idea del juez, de ocuparse solo de algunos casos porque no tiene personal, “no se encuentra ajustada a derecho”, indicaron desde La Opinión Austral.

El caso llegó entonces al Juzgado de Recursos, a cargo de Miguel Ángel Meyer, que la semana pasada determinó dar por tierra con la decisión de Quelín, y en base incluso a una Acordada del Tribunal Superior de Justicia dictada en noviembre de 2011, le ordena que revoque su resolución, al tiempo que pide que una copia vaya para el máximo tribunal “a los efectos de su conocimiento y a los efectos que estime corresponder”.

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