Insólito: Fallo judicial obliga al Otamendi a suministrar Dióxido de Cloro a un paciente

Fuerte repudio del arco de salud.

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

Sanatorio Otamendi

La Justifica Federal obligó al Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires a suministrar dióxido de cloro, prohibido en Argentina, a un paciente internado en grave estado con coronavirus, a través de una medida cautelar. Pese a que la Sociedad Argentina de Infectología y la propia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) han rechazado el dióxido de cloro por su peligrosidad, el Juez federal subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, hizo lugar al pedido de la familia del paciente Jorge García Rúa para suministrarle dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones.

La cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora“, señala el fallo judicial.

El dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos. Su ingesta tiene diversos efectos secundarios.

La situación alertó a la comunidad médica, ya que la decisión judicial podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados por las entidades regulatorias correspondientes. El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) Omar Sued dijo que desde la entidad evalúan qué acciones realizar en repudio a la medida. “Si yo fuera un juez, trataría de buscar información de médicos antes de indicar algo que no conozco”, cuestionó. En esa línea, enfatizó: “El dióxido de cloro no es un tratamiento ni un medicamento y se ha asociado con casos de mortalidad. Es peligroso”.

En agosto, un nene de cinco años oriundo de Neuquén murió tras ingerir la sustancia. Ignacio Maglio, presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor de la SADI manifestó a este medio que la decisión es “una aberración jurídica”. Ante la consulta de si un juez tiene la potestad de recomendar medicamentos no aprobados, explicó: “Es una extralimitación, un caso de desmesura que puede lindar con la mala praxis judicial”.

Asimismo, indicó que el juez falló en base a lo planteado por un médico “habilitado para prescribir ese veneno”. Para él, el tema debe verse desde el costado de la responsabilidad judicial, pero también médica. “Hay que reflexionar sobre los límites de la actuación judicial y también sobre el terraplanismo sanitario, como los movimientos antivacunas y los planteos delirantes”, afirmó. Por último, dijo que es necesario “evaluar la capacidad e idoneidad de los médicos”.

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