Las madres sin cuota salen del closet

En pandemia se profundizó un tema histórico, el incumplimiento de la cuota alimentaria. Pero ahora, después de la lucha por el aborto y la valoración de los cuidados, el tema es visto en clave feminista: su relación con la violencia de género, con la justicia patriarcal y con otras formas de opresión hacia las mujeres que son madres y buscan autonomía. Por qué la articulación entre víctimas, feminismos y feministas en el Estado permite una nueva imaginación política.

Por Mariana Carbajal y María Mansilla para Revista Anfibia. Ilustración: Magda Castría

“No llego.”

“Lo que vos hacés te corresponde como mujer.”

“Ya tenés las AUH.”

“Yo también tengo gastos. ¿Acaso te estás levantando una casa?”

Son frases típicas, respuestas recurrentes. Parecen salidas de una guía práctica para zafar: son las excusas que repiten los padres no convivientes que escapan de su obligación de pagar una cuota alimentaria. 

La situación de los hogares a cargo de mujeres que crían solas –por imposición– es más crítica que nunca: son los más afectadas por el cierre de la economía durante el ASPO según un informe del Ministerio de Economía y Unicef. Seis de cada diez familias monomarentales son pobres, el doble del promedio general. Otras cifras: en abril de 2021, los nombres incorporados al Registro de Deudores Alimentarios porteño aumentó un 85 por ciento respecto al promedio de la última década. 

Las feministas ya le arrancamos el velo al amor romántico, politizamos el 8M y los asesinatos de mujeres. En pandemia denunciamos la brecha en las tareas de cuidado y pensamos cómo acompañar a los varones que reclaman la ampliación de la licencia por paternidad. Ahora ponemos el foco en entender que el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria no necesariamente es un coletazo de la crisis ni de la saga de conflictos de una pareja que se separa. Negarla es violación de derechos de lxs niñxs. Es injusticia reproductiva.

Es cierto, hay varones que se involucran mucho más en la crianza que lo que lo hicieron sus propios padres. Pero persisten los otros, los que no cumplen y se borran cuando toca compartir y repartir obligaciones. El problema no es nuevo. Es global. Ahora lo vemos con más claridad: es una forma de violencia económica de género. 

Algunos malos padres tomaron la pandemia como excusa. Otros, se quedaron sin trabajo y no pudieron pagar más. Pero ellas, las madres, también afectadas por la misma tormenta, también sin empleo o con trabajos precarizados, son las que paran la olla y cuidan y acompañan la educación a distancia y reemplazan otras redes de cuidado que se cortaron  y limpian y lavan y abrazan y contienen y se cansan y no tienen tiempo para apuntalar su carrera, estudiar, hacer actividades físicas, disfrutar de tiempo de ocio, divertirse o simplemente, descansar. Están quemadas. Ellos, bien gracias.

“El cierre temporal de los juzgados y de la asistencia presencial en servicios de patrocinio jurídico gratuito volvió a las mujeres y a sus hijes más vulnerables a estos incumplimientos”, dice Claudia Hasanbegovic, doctora en políticas sociales y abogada. 

Al quedarse maternando solas, muchas se preguntan: ¿No le alcanza o no le importa? ¿Y cómo puede ser que no le importe si son sus hijxs? ¿Si yo gano más que él igual debo reclamar? ¿Cómo salir de esta trampa? 

La distancia entre las normas y los hechos

Las luchas feministas se ven reflejadas en leyes, en nuevos paradigmas, en otras formas de mirar la realidad. La ampliación de derechos civiles vinculados a la vida de las mujeres se fue consolidando con alianzas que generaron estrategias sociales, políticas y jurídicas. Un hito fue la sanción de la “patria potestad compartida” en 1985: hasta ese momento, nosotras paríamos, cuidábamos y criábamos pero solo ellos podían tomar decisiones sobre lxs hijxs. Ese año, la Argentina aprobó la CEDAW mediante la Ley 23.179; luego le dio jerarquía constitucional a la Convención de Derechos del Niño, poniendo ese marco normativo como piso y en la pirámide jurídica del país. En 2009, otro mojón fue  la aprobación de la Ley 26485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, donde se definió como una forma de violencia de género a la violencia económica y patrimonial: el incumplimiento de la cuota alimentaria es una de sus expresiones más frecuentes. El último cambio de paradigma llegó en 2015:  el nuevo Código Civil y Comercial enmarcó el “cuidado compartido” y estableció la obligación de asistir económicamente a lxs hijxs hasta los 21 años. 

En la Argentina, por el apego a los roles tradicionales y a la concepción maternalista de los cuidados, luego de una separación la mayoría de lxs hijxs siguen viviendo con la madre. Esto supone más energía y más dinero para sostener la economía familiar. La mayoría no elige criar en soledad, se quedan solas. Son familias nucleares convencionales que en muchos casos por razones vinculadas a la violencia machista terminan convertidas en hogares monomarentales. 

Los mecanismos institucionales y judiciales disponibles para revertir esta situación demuestran su rotundo fracaso. La pandemia de la Covid-19 lo dejó más expuesto que nunca. 

En el 11 por ciento de los hogares de nuestro país hay un adulto con hijxs, y 8 de cada 10 de esos hogares está a cargo de mujeres, según la Encuesta sobre la Estructura Social publicada en La Argentina en el siglo XXI. Más datos: una investigación de CIPPEC de 2015 reveló que la mitad de los padres de los quintiles de mayores ingresos y uno de cada cinco en los quintiles de menores ingresos cumplían la cuota. Este panorama se agrava cuando lxs hijxs crecen.

“Los que más incumplen son los de mayores recursos”, advierte la jueza Victoria Famá a cargo del Juzgado Nacional Civil N°92 con competencia exclusiva en Familia, de la ciudad de Buenos Aires. “El mayor incumplidor es el Estado, porque al ratificar la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña se comprometió a aportar por parte de los padres no convivientes, y no lo hace”, agrega Hasanbegovic. 

La rabia sale de casa

Si no paga la tarjeta el banco le embarga el sueldo. 

Si no paga el alquiler lo desalojan. 

Si no paga el crédito le hipotecan la casa. 

Si no paga el cable se lo cortan. 

Si no paga la cuota alimentaria…”, 

dice un posteo en Instagram de @mamasquenorecibencuotaalimentaria. 

En la pandemia, las madres afectadas se han ido encontrando en redes sociales para denunciar esta cara de la violencia. No quieren mostrarse como víctimas sino visibilizar un problema en el que el Estado no puede estar ausente. “Es recurrente de los últimos meses: progenitores que desaparecen, cuando tienen una buena racha económica hacen algún aporte y vuelven a desaparecer. En este contexto de crisis, todo se profundizó”, cuenta Paola Urquizo, fundadora de @familias.monomarentales. Ellas entienden que la cuota es un derecho de lxs niñxs y lxs adolescentes, y que ante el incumplimiento quedan como únicas garantes. La situación no sólo las agota: las enferma. Desde el paradigma de la salud integral señalan la urgencia de encarar acciones que les permitan una vida plena, sana y feliz.

En los intercambios de la red, una alternativa que conversan es la “desjudicialización” del problema: que deje de ser un tema privado. “Sentimos que la justicia resulta ineficiente para resolver lo que nos pasa. Los operadores judiciales, incluyendo los abogados patrocinantes, carecen de perspectiva de género y basan las demandas en un litigio entre partes iguales. En realidad, se trata de un derecho básico vulnerado por el agresor, y de dos o más víctimas que luchan por recuperarlo”, dice Urquizo. Una propuesta de Familias Monoparentales es que se incorpore la mirada feminista al sistema de asignaciones familiares, para borrar la lógica de la composición tradicional de las familias como paradigma. 

“La violencia no se negocia”, dijo la abogada Ileana Arduino, entrevistada en el podcast El Deseo de Pandora. Al referirse a la reforma judicial, compartió una inquietud: por qué cuando las promotoras territoriales son tenidas en cuenta como actoras claves para transformar la escena judicial, como en la Ley 26485, sólo es ad honorem. La conciencia social por desnaturalizar tantas violencias no se refleja todavía en el sistema de justicia. “Lo que suele marcar la diferencia es transitar el proceso con el acompañamiento de una organización social que también suele hacer de traductora de lo que el campo judicial expresa en lenguaje inentendible. Porque lo que encuentran las personas en el sistema judicial puede ser una oportunidad o una trampa, como dice Ptacek”, agregó Arduino. 

Cuando las legisladoras escuchan la calle

De las redes sociales y las conversaciones de los feminismos el tema saltó también a la agenda política. La diputada del Frente de Todos Cristina Álvarez Rodríguez impulsó una reforma a la Ley de Convertibilidad para eliminar la prohibición de actualizar las deudas alimentarias que están reguladas por la justicia. Tiene media sanción de Diputados. Hay otras iniciativas que apuntan a incluir de manera explícita en la Ley 26485 al incumplimiento de la cuota alimentaria como otra forma de violencia contra las mujeres. También Gisela Marziotta presentó un proyecto vinculado al tema. Y Victoria Donda lo puso en la agenda de Identidad, el nuevo partido que creó dentro del Frente de Todos, y se reunió con referentes de distintos ámbitos. En el Palacio de las Aguas donde estuvo  Malena Galmarini, titular de AYSA, dirigente del Frente Renovador, como anfitriona,  y se empezaron a pensar  alternativas que le quiten hostilidad a este reclamo.

Allí, en ese encuentro estuvo también Mariela Breard, directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Milita en el Frente de Mujeres de La Cámpora y está por recibirse de Licenciada en Trabajo Social. Tiene 34 años, y una hija de 15. El tema la toca de cerca. “La demanda de alimentos me ha hecho ser feminista, darme cuenta de que era una cuestión de género y que debíamos hacer algo”, dice. Hizo todo el recorrido judicial para reclamar la cuota, obtuvo incluso un par de sentencias, la primera en 2001 y hasta el día de hoy no recibe ningún aporte. 

Cuando visita ciudades como Necochea, Tandil, Balcarce, Villa Gesell, Castelli se escucha en las catarsis de otras mujeres: 

“No tengo con quien dejar a los pibes mientras me conecto al zoom.” 

“Encima, aumentó todo.” 

“A veces no puedo cumplir con mi trabajo.” 

“El padre no aparece.” 

“La demanda judicial en pandemia está más lenta de lo que ya estaba antes.” 

Breard empezó con el juicio por alimentos en CABA; su hija iba al jardín. Recuerda al palacio de Tribunales como un antro de la violencia institucional. “Te hacen sentir que sos despechada, la loca que no deja que su ex haga su vida.” En busca de patrocinio jurídico los abogados le decían que iba a perder el tiempo. “Hay mecanismos que se la hacen más cómoda al deudor.” Guarda en su memoria la imagen de mujeres tristes, solas, gritando al teléfono, discutiendo con abogadxs en la zona de Tribunales.

El sistema logró que Mariela se avergonzara y escondiera el problema. En 2001, cuando salió la sentencia a su favor, el padre de su hija renunció al trabajo: llegó así a un arreglo con la empresa para no pagar la cuota. Por entonces, la ley no obligaba a los empleadores a cumplir con los embargos, sólo los involucraba de manera “solidaria” y opetativa. Ve a la niña los fines de semana.  

Ella nunca desistió en su reclamo, entendió que es un derecho de su hija. Pero transformó la queja en lucha. Y para salir del laberinto creó Quinta Ola, una feria itinerante de género que socializa información sobre violencias, masculinidades. La pandemia les impidió instalar los gazebos en las plazas, pero la militancia se volcó a la virtualidad. Cuando salió el tema de la paternidad morosa se empezó a tejer una nueva red. Justo era Navidad, y surgió en las conversaciones el malestar que causa que padres que no aportan cuota en todo el año se presenten para esa fecha con un regalo. 

Desde Quinta Ola hicieron una encuesta en 14 ciudades: el 60 por ciento de las consultadas respondió que no accedía a la cuota alimentaria. Pocas reconocían el problema como violencia económica. Muchas contaban que los padres tomaban la asignación familiar o la AUH como aporte. Todas sentían lo mismo, el incumplimiento les obstruía no sólo toda posibilidad de crecimiento sino el día a día: la imposibilidad de que sus hijos accedan a necesidades de formación y recreativas, la dificultad de conseguir trabajos más demandantes, la necesidad de recurrir a la ayuda de hermanas, tías y abuelas. Una mujer contó que hasta aceptaban como cuota un maple de huevos y una bolsa de papas antes que nada. 

Desde la Dirección de Equidad de Género de la Cámara de Diputados de la provincia se siguen expandiendo: editaron el cuadernillo “Violencia económica a través del incumplimiento de la cuota alimentaria” donde se problematiza el rol de los registros de deudores alimentarios, incluye una guía de derechos en clave feminista y un recursero judicial. Además, publicaron un material sobre paternidad morosa que están presentando en los Concejos Deliberantes con la idea de que avancen con la creación de ese tipo de registros en municipios.

“La cuota es la perpetración de una cuota más de violencia”, dice Breard, que propone, además, mirar los femicidios desde la perspectiva económica.

Femicidios, mascuinidades, punitivismo o reparación

“La violencia de género no es un conflicto familiar, no se puede charlar, no hay dos partes iguales, hay asimetría de poder”, dice Claudia Hasanbegovic. Y se pregunta por qué, si tantos femicidios ocurren en los 12 meses posteriores a la separación, “en el momento de mayor riesgo la ley manda a las madres a mediaciones para negociar los alimentos de sus hijos”. 

Del total de denuncias recibidas en la OVD en 2020, el 32% incluyeron violencia económica o patrimonial.   

El tema comienza a reflejarse también en las coberturas periodísticas de los femicidios. En agosto de 2020, en Junín, Rosa Fernández fue estrangulada y enterrada en la obra en construcción donde trabajaba Sandro González, su ex. Tenían 3 hijos de 4, 9 y 13 años, y el asesino la obligaba a tener sexo a cambio de plataClaudia Schaefer fue asesinada de 66 cuchilladas el 21 de agosto de 2015 en su casa del country Martindale. Ni mediante un fallo judicial logró que Fernando Farré, el femicida, pagara la cuota. 

En Argentina hay tres fallos “ejemplares” que sientan jurisprudencia por vincular el incumplimiento como violencia de género. En 2017 en Rawson (Chubut), el entonces juez Alesi sentenció como “maltrato grave” el accionar de un hombre hacia su hijo con problemas de salud. En 2018 en Cipolletti (Río Negro) el juez Benati estableció que si el padre no pagaba sería arrestado los fines de semana. Un año después, en Ita Ibaté (Corrientes), el juez Modenutti falló que no pagar es violencia económica, desnuda las relaciones de poder y las deja a ellas en un lugar de sumisión y subordinación.

Detrás de la excepción que significan esas sentencias, está la realidad de la falta de acceso a la justicia. ¿Cuánto sale unx abogadx? En Buenos Aires en un juicio para alcanzar una cuota de $15 mil el honorario es de unos $70 mil. En CABA equivaldría al valor de dos cuotas. A veces, incluso con un fallo a favor, ni la mejor defensa garantiza el cumplimiento.

Claudia Hasanbegovic es abogada, docente y consultora internacional. En un seminario contó cómo funciona el sistema en la Argentina y los participantes se sorprendieron. Así supo que en Brasil, por ejemplo, la policía puede ejecutar la sentencia de alimentos. También les contó qué alternativas aplica Canadá, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea: tienen una variedad de políticas públicas (incluyen “child support” y algunos tipos de sanciones) que establecen que si el progenitor incumple el Estado paga la cuota; mientras, activa su máquina de recursos para cobrarle al padre moroso. “El cambio cultural que logramos desde Ni Una Menos no llega al poder judicial -dice-. Si lo planteás, te dicen punitivista: pero como feminista estoy a favor de la intervención del sistema penal para frenar a los agresores. El Comité CEDAW, la Convención Belém do Pará y el MESECVI dicen que el Estado debe sancionar las violencias, y nuestra Ley 13.944 dice que debe sancionar el no pago de alimentos. En vez de anular la intervención del derecho penal creo que hay que reformarlo desde adentro.”   

El incumplimiento de cuota es un delito penal desde 1950: está tipificado en la ley 13.944. Prevé una pena de prisión de un mes a dos años o multa de quinientos a dos mil pesos. Desde los feminismos no punitivistas, de todas formas, se advierte que no es estratégico que los incumplidores vayan presos. El objetivo es reparar, no reprimir. Entre otras razones, porque si va preso, ¿cómo genera ingresos para pagar la cuota? 

“En la práctica, la mayoría inicia un proceso de alimentos en el fuero civil, de familia, pensado sobre la idea de reparación y no de persecución. En ese campo las lógicas son diferentes, al menos desde el plano normativo, y de ahí la importancia de quiénes interpretan las leyes, cómo intervienen, y de una reforma judicial feminista”, señala Marisa Herrera. La abogada e investigadora del CONICET celebra la jurisprudencia que fortalece al Código Civil y Comercial como una herramienta de reparación eficiente y la amplitud del Código para disponer de otro tipo de medidas que aseguren el cumplimiento, “medidas razonables que aseguren la eficacia de la sentencia”.

”A casi 6 años de vigencia de ese texto, uno de los articulados en el campo de las relaciones de familia que mejor aceptación y aplicación tuvo es el artículo 553. ¿Por qué? Porque a cada persona ´le aprieta el zapato´ de manera diferente”, explica Herrera. A un moroso fanático del rugby, o de un grupo de bailanta, o de Boca: ¿qué pasa si se le impide ingresar a uno de esos lugares hasta que cumplan? La abogada subraya: “A esa instancia se llega escuchando a las mujeres y construyendo alternativas junto con ellas.” 

El nuevo Código Civil también permite el divorcio de manera unilateral. Muchas mujeres ahora pueden divorciarse más allá del deseo del padre de sus hijxs. Ante esa pérdida de privilegios muchos reaccionan con más violencia. “Cuesta llegar a estos varones desde los activismos en masculinidades -dicen Lucía Rodriguez, Gustavo Gersberg y Andrés Arbit, referentes de Privilegiados, un espacio de reflexión sobre masculinidades-. Para romper la contradicción y penetrar en esas situaciones familiares es clave la pregunta: ¿dónde están sus amigos, su padre o sus hermanos? Puede que nunca veas una escena directamente de violencia, pero ante la sospecha de que un amigo esté siendo ese tipo de padre, tenemos que estar ahí para que ese varón encuentre un espacio de apertura. No podemos quedarnos callados, como testigos cómplices. Por les chiques, por la madre y por nuestro amigo. Entre varones tenemos que frenar estas situaciones violentas. Cortar con la complicidad machista implica meternos, romper el silencio para repensar la masculinidad y la paternidad tradicional, y desarmar el guión estereotipado que muchas veces seguimos reproduciendo.”

Feministas en el Estado: contra la injusticia reproductiva

Desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Estela Díaz, también se hicieron eco del problema: el 1 de junio lanzaron una encuesta virtual para cuantificar el fenómeno. Ya la respondieron más de 5000 mujeres en los 135 municipios bonaerenses. Además, entrevistan a actores claves del Poder Judicial y del Ejecutivo, y también a madres y adolescentes que están pasando por esta situación. El objetivo es armar un informe que aporte estadísticas y análisis desde distintas perspectivas. 

“Después de la conquista de la legalización del aborto, hay que seguir profundizando las diferentes formas en que se penaliza o se castiga a las mujeres que son madres”, dice Sabrina Cartabia, jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres bonaerense. “Se penaliza la autonomía femenina con pobreza. Es un factor de injusticia reproductiva que hay que corregir.”

Cartabia desmenuza las dificultades del sistema actual: está desfasado con la realidad (si el 40 por ciento del trabajo es informal, no hay sueldos en blanco sobre los que descontar las cuotas), faltan patrocinios jurídicos gratuitos, contratar a un abogado es caro y carecen de perspectiva de género. Negociar la reducción de la cuota, consejo habitual de lxs abogadxs, es violencia simbólica, dice. Es inadmisible que las madres tengan que presentar pruebas de sus gastos (“llevan tickets de pañales y óleo calcáreo, es humillante”). Y las cuotas deben establecerse según las necesidades reales de la crianza y no el ingreso del progenitor (“si no, volvemos al esquema de que los varones ´ayudan´”).

Lo personal es político. Así como en algún momento nos quisieron hacer creer que los golpes de una pareja había que aguantarlos y que era un problema privado, también han pretendido que silenciemos este problema y aguantemos solas las cuotas adeudadas. Para eso somos madres… “Es lo que te corresponde como mujer.” Ya lo aprendimos: si se trata de un problema que solo afecta a mujeres somos nosotras, en clave feminista, las que salimos a gritar. Cuando la situación ya resulta insoportable gritamos hasta que nos escuchen. Gritamos con rabia digna y sin resignación. Gritamos contra esa trampa patriarcal en la que está en juego el amor materno. Nos organizamos. En la discusión buscamos encontrar una salida.

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