Tras los excesos en el desalojo en Villa Mascardi renuncia la ministra Gómez Alcorta

«Me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político» aclaró en su carta de renuncia.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó formalmente su renuncia indeclinable ante el presidente Alberto Fernández en medio de fuertes cruces en el Gobierno por la detención y posterior traslado de siete mujeres mapuches durante el desalojo de tierras en Villa Mascardi.

En la misiva enviada al jefe de Estado y al jefe de Gabinete, Juan Manzur, la ahora exministra sostuvo: “En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este Ministerio”.

«Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de las fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político«, remarcó la abogada.

«El presidente Alberto Fernández aceptó hoy la renuncia presentada por Elizabeth Gómez Alcorta al cargo que ejercía como ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad«, se informó oficialmente en un comunicado y completó: «El Presidente agradece a Elizabeth Gómez Alcorta por la labor desempeñada«.

La exministra se desempeñó como abogada en las causas que investigan al líder de la comunidad mapuche, Facundo Jones Huala, y a la titular de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y es una férrea defensora de los derechos de los pueblos originarios. En su escrito señaló que su desvinculación al cargo se enmarca tras la avanzada del Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad organizado por Aníbal Fernández en la Patagonia, que culminó con 12 mapuches detenidos, entre ellos siete mujeres. En el texto, Gómez Alcorta cuestionó «el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia«, y argumentó que dicho accionar «constituye violaciones evidentes a los derechos humanos«.

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