Quienes son los otros jueces que, como Capuchetti, cobran un sueldo de Larreta

Tras el escándalo de la jueza, sale el nombre de otros dos magistrados con sueldo de «investigadores».

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable

El pasado jueves, desde Noticias La Insuperable, te dábamos la primicia de la contratación de María Eugenia Capuchetti, la jueza que tiene a su cargo la causa que investiga el atentado a Cristina Kirchner, por parte del gobierno de la Ciudad que comanda Horacio Rodríguez Larreta.

Allí te contábamos como la magistrada cobra un sueldo en carácter de «investigadora senior» en el el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad (ISSP), ente que se encuentra bajo el ala del ministerio de Justicia y Seguridad porteño que maneja (ahora en licencia) el hombre de los «chats», Marcelo D’Alessandro.

A raíz de nuestra investigación, el ministro Martín Soria publicó un difundido hilo de tuits en los que hacía mención al «Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de “la magistratura judicial con toda actividad política” y “cualquier actividad profesional”. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal.«

El punto es que si uno observa el anexo publicado por el gobierno de la Ciudad con los nombramientos para el 2023 de los «investigadores» del ISSP, Capuchetti no es la única magistrada que allí figura. Claramente aparecen los nombres de dos jueces, en este caso, del ámbito de la Ciudad: Martín Miguel Converset y Lisandro Ezequiel Fastman a quien se caracteriza como «cercanos al PRO y a Daniel Angelici».

Ambos ocupan el rol de «investigadores», al menos desde 2021, cuando fueron designados por Gabriel Urien, presidente del ISSP, a través de la RESOLUCIÓN N.° 6/ISSP/21. «Designar a los Dres. Martín Miguel Converset (DNI 25.940.458 CUIL 20- 25940458-5) y Lisandro Ezequiel Fastman (DNI 25.940.244 CUIL 20-25940244-2), en la categoría Investigadores del Instituto Superior de Seguridad Pública, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021«, indicaba el artículo 1º, revalidado por Unrein, al año siguiente, a través de la RESOLUCIÓN N.º 2/ISSP/22.

Converset

Martín Miguel Converset, abogado, especialista en Derecho Administrativo Económico egresado por la Universidad Católica Argentina, está a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N.º 5. Fue designado en 2014 con el aval del entonces presidente de Boca, Daniel Angelici, operador judicial de Mauricio Macri.

Se trata del juez que, hace solo unos días, rechazó el planteo de un automovilista para que “se declare la inconstitucionalidad del requisito consistente en la presentación del pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) como requisito sine qua non para obtener la licencia de conducir”. Converset, a la medida de Larreta, ratificó así la obligatoriedad de pagar las multas por infracciones de tránsito en todo el país como requisito para renovar el registro de conducir automóviles en la Capital Federal.

Por otro lado, en diciembre, respecto al proyecto BAPlaya, que se desarrolla en la Costanera Norte, hizo lugar a un recurso de amparo sosteniendo que esa obra debe ser autorizada previamente por la Legislatura porteña ya que abarca bienes de dominio público.

En 2016, Converset fue el juez que falló a favor de la Ciudad en su reclamo por cobrar Ingresos Brutos al juego. El magistrado decretó la inhibición de bienes por una deuda mayor a $ 1854 millones a la Unión Transitoria de Empresas (UTE), entre las compañías de Federico de Achával y Cristóbal López, quienes explotan más de 4500 máquinas tragamonedas y juegos de azar en el Hipódromo de Palermo.

En 2021 fue designado vicepresidente del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fastman

Lisandro Fastman, de 45 años de edad, ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en 2000. Fue pasante en el Área Legal de la Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005. En 2013 fue designado a cargo del Juzgado N°14 (Contencioso, Administrativo y Tributario).

El pasado 21 de octubre, juró como Juez de Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo ante la propia titular del TSJ, Inés Weimberg de Roca, quien fuera oportunamente la candidata de Macri a la Porcuraduría.

Al igual que Converset viene del riñón angelcista. Cercano al Pro debido a su vínculo con el exjuez Guillermo Montenegro, ahora intendente de Mar del Plata, con el tiempo «se acercó al angelicismo«, indican desde LetraP.

En 2020 con la pandemia, falló en contra de la restricción de circulación a las personas de tercera edad de la Ciudad.

En 2016 fue el juez que dejó sin efecto una medida que prohibía «toda actividad comercial de baile con música» en el ámbito porteño, decidida por el juez Roberto Gallardo. “La Justicia hizo lugar a nuestro pedido y suspendió la disparatada medida de Gallardo que prohibía los bailes con música en la Ciudad.”, tuiteaba Larreta en ese entonces.

La medida se originaba por las muertes producidas en Costa Salguero durante una fiesta electrónica en el boliche Time Warp. Finalmente, las “fiestas” regresaron en 2017 a los boliches.

Tal vez una de las resoluciones más polémicas de Fastman en relación al gobierno de la Ciudad fue cuando, en plena pandemia, y luego de que Larreta recibiera las vacunas del gobierno nacional, el Jefe de Gobierno decidió priorizar la distribución a través de los privados. Una abogada presentó un amparo contra el accionar del gobierno de la Ciudad y Fastman lo rechazó.

En la resolución, el juez argumentó que “el objetivo del plan (de la Ciudad) es disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socio-económico causados por la pandemia de Covid-19 en Argentina, a partir de la vacunación de la totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas” y añadió que “la vacuna será provista por el Estado Nacional para todos los que integren la población objetivo definida, independientemente de la cobertura que tengan” y que “se puede establecer un esquema de priorización para la organización de la vacunación de la población objetivo, considerando que la vacunación será coordinada desde el sector público con articulación intersectorial que incluye al sector privado, la seguridad social, alcanzando a toda la población que habita en el país”.

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