Los temas que JxC amenaza no debatir: alcohol Cero, creación de universidades, jubilados sin aportes y acompañamiento a personas con síndrome de down que sean padres

Desde la oposición están dispuestos a respaldar a los integrantes de la Corte Suprema aunque eso signifique no darle derechos a la gente.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable

Juntos por el Cambio amenazó en los últimos días con paralizar el Congreso si el oficialismo no da marcha atrás con el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. A pesar de ello, el gobierno dio a conocer ayer el Decreto 17/2023 que, con las firmas del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Juan Manzur, convocó al Congreso a Sesiones Extraordinarias desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero de 2023.

El temario es amplio y abarca 27 puntos, entre los cuales está el vigésimocuarto que indica las «Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN«.

También, en la misma tónica, y apuntando a la reforma judicial, encontramos los siguientes:

  • 7) Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.
  • 10) Proyecto de Ley de modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 con el fin de ampliar el número
    de integrantes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (Exp. Senado 1353-S-2022).
  • 11) Proyecto de Ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura -T.O. 1999- N° 24.937 y sus modificatorias conforme lo dispuesto en los puntos II y III de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento”. (Msje. 128/21- Exp Senado 151-PE-2021 – Exp. Diputados 9-S-2022).

Pero en su afán de negar siquiera el derecho constitucional de presentar y tratar una solicitud de Juicio Político, afirman que se opondrán a todo proyecto que venga desde el oficialismo, sin importar cuál sea.

Señalemos primero que el Juicio Político no es «antidemocrático» ni «se lleva puesta a la República», como le gusta decir a varios opositores de renombre.

Al contrario, es una herramienta de la República. El Juicio Político está previsto en los artículos 53, 59 y 60 de nuestra Carta Magna y los repasamos aquí:

Al enumerar las atribuciones de la Cámara de Diputados, el artículo 53 expresa: «Artículo 53- «Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.«

Para hacerlo, primero se reúne la comisión correspondiente, analiza, confronta pruebas y testimonios y, de estimarlo procedente y obteniendo la mayoría simple de los votos de sus integrantes, pasa a ser tratada en recinto. Y ahí pasamos al Senado.

El artículo 59 de nuestra constitución indica que «Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el Presidente de la Nación, el Senado será presidido por el Presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.«

Y al respecto, complementa el artículo 60 que señala que «Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.«

Todo dentro del marco legal, republicano y constitucional. Tanto como las veintipico de solicitudes que hizo la oposición de pedidos de Juicio Político tan solo durante el transcurso del año pasado, pero que fueron más para la hinchada que fundamentadas por alguna prueba o sustento en particular.

Recordemos que hace solo unas semanas, la misma UCR que ahora se rasga las vestiduras con una solicitud de Juicio Políco, pidió uno para Alberto Fernández a consecuencia del tema de la coparticipación y la intención del ejecutivo de pagar en bonos.

Los otros temas

Pero como indicamos más arriba, el temario presentado en esta convocatoria a Sesiones Extraordinarias es amplio, y muchas de sus cuestiones que la oposición, casi caprichosamente, afirma que no va a tratar, afectan a decenas de miles de argentinos a los que, evidentemente, los legisladores de Juntos por el Cambio ponen por debajo de la «estabilidad laboral» sus cómplices integrantes de la Corte Suprema.

Pongamos, por ejemplo, el punto 15 del temario: «Proyecto de Ley por el cual se crea el Plan de Pago de Deuda Previsional (Exp. Senado 957-S-2022 – Exp. Diputados 21-S-2022)«. El mismo afecta directamente a cerca de 800.000 personas que alcanzan la edad jubilatoria pero no pudieron completar los 30 años de aportes.

La idea del proyecto, como ya se ha hecho en épocas del kirchnerismo, es que los mismos puedan completarlos a través de un plan de pagos y así acceder al beneficio jubilatorio. Si Juntos por el Cambio mantiene firme lo que decía su comunicado, a saber: “Mientras siga este atropello contra la Corte, no vamos a prestar quórum ni darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos”, 800.000 argentinos no podrán jubilarse.

Tampoco podrán tratarse otros puntos, como el primero de la lista: Alcohol Cero al volante. O el 16, que busca considerar la creación de las siguientes instituciones educativas: Universidad Nacional del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la Provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional de Saladillo, en la Provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional de Pilar, que tendrá su sede en el partido del mismo nombre, en la Provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional de la Cuenca del Salado con sede central en el distrito de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, creación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Universidad Nacional de Ezeiza; Universidad Nacional de Río Tercero; y la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

¿A cuantos argentinos afecta la decisión de la oposición?

Todo porque no están dispuestos a sentar a, por ejemplo, Silvio Robles, en un banquito y que se le pregunte si sus chats con el ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro, eran verdaderos; o por qué no entregó su teléfono o que los mismos diputados soliciten un peritaje.

Porque de eso se trata esto. De saber.

Y Juntos por el Cambio, al parecer, no quiere que se sepa nada.

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