La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento de Carlos Kambourian, ex presidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Juan Garrahan durante el macrismo.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del pediatra Carlos Kambourian, ex presidente del Consejo de Administración del Hospital Nacional de Pediatría Juan Garrahan durante el gobierno macrista, quien está acusado de usar fondos de esa institución para gastos personales. El fallo, que lleva la firma de los jueces de la Sala II del tribunal de apelaciones, alcanza también al ex director Administrativo del Garrahan, Alan Norton, y fue firmado el pasado 9 de marzo, aunque se dio a conocer en las últimas horas.
Ambos imputados fueron procesados como “autores responsables del delito previsto en el artículo 248, en concurso ideal con el 261 del Código Penal”, es decir, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
“Es razonable concluir afirmando que Kambourian y Norton, pese a estar alertados y conocer que no existía respaldo normativo, utilizaron las tarjetas corporativas asignadas para realizar gastos y adquisiciones con cargo al hospital pero en beneficio propio”, sostuvieron los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah en el fallo.
La resolución confirma los procesamientos dictados por el juez federal Luis Rodríguez a instancias de una investigación realizada por la fiscal Alejandra Mangano, con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La pesquisa se inició por la denuncia efectuada por Guillermo González Prieto, mientras ejercía la presidencia del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Samic “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, quien puso en conocimiento de la instrucción la existencia de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos asignados a ese nosocomio.
A ambos ex directivos del Garrahan se los acusó de haberse amparado en la figura de los “gastos de representación, gastos operativos de oficina, actividades protocolares y movilidad”, para utilizar indebidamente fondos públicos asignados al desenvolvimiento operativo regular del hospital en exclusivo beneficio personal.
La acusación sostiene que entre mayo de 2018 y enero de 2020 los imputados se valieron de tarjetas corporativas Visa emitidas por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para solventar gastos personales. “Las primeras irregularidades se verificaron de inicio, es decir, en el procedimiento previo a la implementación del uso de la tarjeta de crédito corporativa: los distintos dictámenes de los órganos internos alertaban sobre la necesidad de dar marco normativo a su implementación en tanto aquella era un mecanismo de pago, no «una autorización para gastar» y que, en ausencia de disposición específica, sólo podrían aplicarse las disposiciones atinentes al fondo rotatorio y las cajas chicas. Ni unas ni otras contemplaban su uso del modo posteriormente verificado en autos”, sostuvieron los camaristas.
En un breve recuento de gastos injustificados, el tribunal de apelaciones citó almuerzos pagados con la tarjeta corporativa que tendrían las características de ser eventos familiares, como el cumpleaños de Kambourian y el de su hija, según surge del análisis de las fechas en las que se produjeron y de la aclaración, en los tickets, de que consumieron “torta de invitación”.
“Esos consumos son solo unos pocos de los cientos de gastos en que incurrió Kambourian con la tarjeta corporativa, y la rendición a la que alude la defensa es, en realidad, la presentación de simples comprobantes —tickets— seguidos de anotaciones manuscritas, genéricas e innominadas de que se trataba de reuniones y encuentros con gente vinculada a la salud o refrigerios y viáticos en ese contexto”, señalaron los jueces.
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Sí se entiende como acto de corrupción el uso indebido del poder encomendado para obtener beneficios particulares ilícitos (económicos o no), violando la ley, afectando el interés general y la legitimidad de la autoridad, teniendo un alto impacto negativo en la consolidación de las instituciones democráticas y en el desarrollo social y económico, Es entonces qué, más allá de un fallo que que signifique para que este excecrable sujeto reintegre más actualizaciones y costas lo robado, deben quitarle la matrícula de por vida. Puede que el futuro entonces para este bastardo lo encuentre en el nido de corruptos al cual políticamente adhiere. Esperemos que las autoridades del Hospital Garrahan y la justicia procedan con respecto a la matrícula.
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