El Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, en teoría sin fines de lucro, se usa para financiar la campaña política de la presidenta del PRO. A esa conclusión llegó la IGJ que pidió la intervención judicial y hará una denuncia ante la justicia electoral por violación a la ley de financiamiento de partidos políticos.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable
La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió encomendar a su Departamento de Asuntos Judiciales, por intermedio de la Resolución Particular N° 242/2023, «la promoción, en forma inmediata, de la acción judicial de INTERVENCIÓN contra la persona jurídica denominada “INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD ASOCIACIÓN CIVIL”«, la Fundación de Patricia Bullrich, sospechada de violar la ley que regula la financiación de partidos políticos.
El organismo detectó un doble mecanismo para esa finalidad: la entidad recibió —solo en 2022— 90 millones de pesos por supuestos encuentros/almuerzos presentados como seminarios (que en realidad eran eventos proselitistas) y donaciones de empresas, mientras que en ese mismo período pagó pasajes, catering, alquiler de salones y estadías ligados a actividades políticas.
También aparecen cuatro líneas de teléfono que están a nombre del partido Unión por la Libertad, que lideraba Bullrich y se acopló al PRO, que ella preside y que paga la Fundación.
Sobre los ingresos por «seminarios», detalla por lo menos 10 pagos recibidos de distintas personas que suman montos millonarios. El texto ejemplificó el envío de dinero que realizó David Lacroze Ayerza a la fundación, quien de junio a diciembre de 2022 hizo transferencias por «una cifra cercana a los $3.000.000» por «seminarios, almuerzos y/o aportes«.
La denuncia también tilda de «llamativo» el ingreso de $1.600.000 entre julio y octubre de ese mismo año de empresas como Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz como «aporte/donación» en julio y como «seminario» en los sucesivos meses, «siendo todos los pagos por el mismo monto«.
También gastó en consultorías por más de 6 millones de pesos y abonó casi 9 millones a sus propios miembros de la comisión directiva, entre ellos el diputado Gerardo Milman, algo que está prohibido a menos que pidan permiso, lo que no sucedió.
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