El Poder Judicial y Juntos por el Cambio trabajan alineados.
A fines del mes pasado te contábamos desde Noticias La Insuperable que la Inspección General de Justicia (IGJ) había presentado una denuncia penal contra la precandidata presidencial de Juntos Por el Cambio, Patricia Bullrich, por considerar que ella y el resto delos titulares del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), utilizaron la ONG como una “pantalla” para conseguir dinero y desviar esos fondos hacia la campaña electoral.
Previamente, la IGJ había resuelto encomendar a su Departamento de Asuntos Judiciales, por intermedio de la Resolución Particular N° 242/2023, «la promoción, en forma inmediata, de la acción judicial de INTERVENCIÓN contra la persona jurídica denominada “INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD ASOCIACIÓN CIVIL”«, la Fundación de Patricia Bullrich, sospechada de violar la ley que regula la financiación de partidos políticos.
Desde este portal te mostrábamos, en exclusiva, los detalles de las irregularidades encontradas en la Fundación: solo en 2022 el IEES recibió 65 millones de pesos, y desde 2020 suman 90 millones en total. En 2019 le habían ingresado solo 741,93 pesos. También aparecían cuatro líneas de teléfono que están a nombre del partido Unión por la Libertad, que lideraba Bullrich y se acopló al PRO, que ella preside y que paga la Fundación. Y por si fuera poco, entre otros gastos, pagó en consultorías más de 6 millones de pesos y abonó casi 9 millones a sus propios miembros de la comisión directiva, entre ellos el diputado Gerardo Milman, algo que está prohibido a menos que pidan permiso, lo que no sucedió.
Pues bien; ante esto, ¿qué hizo el Poder Judicial? Allanó a la IGJ. Hacia el mediodía de este martes, por orden del fiscal Carlos Stornelli, irrumpieron tres agentes de la Policía Federal y dos de sus colaboradores en la sede de Paseo Colón 285. La excusa era llevarse el expediente administrativo en el que se basó la denuncia por defraudación y violación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La IGJ se había negado a entregar en un comienzo la información porque había recusado tanto al fiscal como al juez, Sebastián Ramos, a quienes vinculó con sectores del PRO, que Bullrich lidera, y esto no estaba ni está resuelto.
Así, una vez más, la «Justicia» actúa como un órgano disciplinador avisando, a propios y extraños, lo que puede suceder si vas contra el poder real, buscando convertir en acusados a los denunciantes.
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