$LIBRA: Un año de estafa presidencial

Hoy, 14 de febrero de 2026, se cumple un año del estallido de la estafa vinculada al token $LIBRA, el criptoactivo que fue promocionado públicamente por Milei y que terminó desplomándose en cuestión de horas, dejando miles de damnificados en la Argentina y el exterior. Lo que se presentó como una herramienta para “financiar emprendimientos” y dinamizar la economía terminó convirtiéndose en uno de los escándalos financieros y políticos más resonantes de los últimos años.

Por Roque Pérez para NLI

A doce meses del derrumbe, la causa judicial continúa empantanada, las responsabilidades políticas siguen diluidas y los inversores perjudicados aún reclaman respuestas.

El 14 de febrero que cambió todo

El 14 de febrero de 2025, mientras el país transitaba el Día de los Enamorados, Milei publicó en redes sociales un mensaje de respaldo al lanzamiento del token $LIBRA. En esa comunicación lo presentó como un instrumento destinado a “incentivar el crecimiento económico y fondear emprendimientos argentinos”, lo que generó una inmediata ola de confianza entre pequeños ahorristas y operadores del ecosistema cripto.

La reacción fue explosiva: el valor del token se disparó en pocas horas. Sin embargo, casi con la misma velocidad, comenzó el desplome. Grandes tenedores liquidaron posiciones y el precio cayó abruptamente, provocando pérdidas millonarias. La mecánica fue rápidamente identificada por especialistas como compatible con un esquema de rug pull: inflar artificialmente el valor, atraer inversores minoristas y retirarse antes del colapso.

El daño fue concreto. Miles de personas que habían confiado en el respaldo político perdieron sumas significativas en cuestión de horas. En muchos casos, se trató de ahorros personales invertidos bajo la expectativa de una oportunidad avalada desde la cima del poder.

Las primeras revelaciones

Desde los primeros días posteriores al derrumbe, NLI publicó investigaciones que pusieron el foco en la estructura societaria detrás de $LIBRA y en las irregularidades que rodearon su lanzamiento. Entre los datos más contundentes se expuso que la empresa que impulsaba el token no estaba habilitada para operar en la Argentina, un detalle que encendió alarmas regulatorias y evidenció la falta de controles.

También se documentaron reuniones, vínculos y movimientos financieros que conectaban a los organizadores del proyecto con figuras del entorno político. El escándalo dejó de ser exclusivamente financiero para transformarse en una causa de fuerte impacto institucional.

En ese marco, NLI también demostró en exclusiva la relación entre el fiscal interviniente en la causa y Frank Holder, uno de los operadores vinculados al universo $LIBRA. La investigación periodística expuso que el hijo del fiscal fue contratado en una estructura empresarial ligada a Holder, un empresario señalado como articulador del lanzamiento y de la ingeniería financiera del token. La síntesis es inquietante: por un lado, un fiscal con responsabilidad directa en impulsar la acción penal; por el otro, un operador clave del esquema cripto; y en el medio, una contratación que abrió serios interrogantes sobre posibles conflictos de interés y sobre la independencia real de la investigación.

La causa judicial: cambios, demoras y sospechas

La investigación judicial avanzó con dificultad. Hubo cambios de juzgado, debates de competencia y cuestionamientos sobre la conducción del expediente. Lejos de consolidarse en un proceso ágil y transparente, la causa quedó marcada por demoras que alimentaron sospechas de protección política.

Uno de los episodios más controvertidos fue la exposición de posibles conflictos de interés en el entorno del fiscal interviniente, situación que generó pedidos de apartamiento y críticas públicas. En paralelo, distintas denuncias penales apuntaron a determinar si existió promoción indebida, tráfico de influencias o participación directa en el armado del esquema.

El nombre de Karina Milei también apareció vinculado a reuniones y gestiones relacionadas con el proyecto cripto, ampliando el alcance político del caso. Aunque las responsabilidades individuales aún deben determinarse judicialmente, el impacto reputacional fue inmediato.

Demandas colectivas y reclamos internacionales

Mientras la causa penal avanzaba lentamente, comenzaron a organizarse demandas colectivas impulsadas por damnificados. Los argumentos centrales sostienen que no se trató simplemente de una inversión fallida sino de una operatoria engañosa con promoción pública determinante para inducir a error.

Algunos reclamos trascendieron fronteras, dado que inversores extranjeros también resultaron afectados. La dimensión internacional del caso complejizó aún más el escenario jurídico y puso en debate la regulación de criptoactivos en contextos de promoción política.

Un símbolo de desregulación y poder

El caso $LIBRA se convirtió en un emblema de los riesgos de la desregulación extrema aplicada al mundo financiero digital. La ausencia de controles claros, sumada a la promoción desde un lugar de poder, generó un cóctel explosivo que terminó dañando la confianza pública.

A un año del derrumbe, el expediente sigue abierto y las definiciones judiciales no han estado a la altura de la magnitud del perjuicio. El escándalo dejó expuesta la fragilidad de los mecanismos de supervisión y la dificultad de investigar cuando los hilos del caso rozan el núcleo del poder político.

Memoria y responsabilidad

Hoy no se conmemora una simple caída de mercado. Se recuerda un episodio que afectó patrimonios familiares, erosionó credibilidad institucional y puso en discusión la responsabilidad de quienes ocupan cargos de relevancia pública.

La estafa $LIBRA fue mucho más que un token fallido. Fue un punto de inflexión en la relación entre política y criptoactivos en la Argentina. Un año después, las pérdidas siguen vigentes y la pregunta central permanece abierta: ¿habrá justicia proporcional al daño causado?