La política peruana volvió a entrar en zona de máxima tensión. Tras más de un mes de conteo, impugnaciones y denuncias cruzadas, la autoridad electoral confirmó que la derechista Keiko Fujimori y el dirigente de izquierda Roberto Sánchez disputarán el balotaje presidencial del próximo 7 de junio. El escenario refleja una vez más la profunda fragmentación social y política que atraviesa al país andino desde hace años, con gobiernos débiles, crisis institucional permanente y una ciudadanía cada vez más alejada de la dirigencia tradicional.
Por Bruno A. Monteverde para NLI
La confirmación oficial llegó luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminara finalmente el escrutinio del 100% de las actas. Fujimori, heredera política del exdictador Alberto Fujimori y candidata de Fuerza Popular, quedó en primer lugar con poco más del 17% de los votos. Sánchez, referente de Juntos por el Perú y cercano al espacio político de Pedro Castillo, logró el segundo puesto con apenas el 12%, superando por una diferencia mínima al ultraconservador Rafael López Aliaga.
El dato más contundente no es solamente quiénes pasaron al balotaje, sino el enorme rechazo que generan ambos espacios. Más del 70% del electorado votó por otras candidaturas en la primera vuelta, en una elección extremadamente atomizada y marcada por la desconfianza hacia todo el sistema político. Perú llega a esta nueva definición presidencial después de una década caótica en la que desfilaron presidentes destituidos, renuncias, intentos de golpe institucional y protestas masivas reprimidas con violencia.
El regreso del fujimorismo y el fantasma autoritario
La figura de Keiko Fujimori vuelve a instalarse como eje de la disputa política peruana. Será su cuarto intento presidencial y otra vez aparece respaldada por sectores empresariales, conservadores y por parte del establishment mediático. Su campaña gira alrededor de un discurso de “orden”, mano dura contra el delito y defensa del modelo económico neoliberal que históricamente favoreció a las élites mineras y financieras del país.
Pero el apellido Fujimori sigue cargando un enorme peso histórico. Su padre, Alberto Fujimori, gobernó Perú durante los años noventa bajo un régimen marcado por violaciones a los derechos humanos, corrupción y autoritarismo. Esa herencia divide profundamente a la sociedad peruana: para algunos sectores representa “estabilidad”, mientras que para otros simboliza una de las etapas más oscuras de la democracia peruana.
Roberto Sánchez y el regreso del voto popular del interior
Del otro lado aparece Roberto Sánchez, dirigente de izquierda y exministro durante el gobierno de Pedro Castillo. Su crecimiento electoral estuvo apoyado especialmente en las regiones rurales y empobrecidas del interior peruano, donde todavía persiste un fuerte rechazo a Lima y a las élites tradicionales. Sánchez promete revisar contratos vinculados al extractivismo minero, impulsar reformas constitucionales y aumentar la intervención estatal en áreas estratégicas de la economía.
La candidatura también reavivó el clima de polarización que dejó la caída de Castillo en 2022. Sánchez incluso adelantó que impulsaría medidas de reparación política hacia el exmandatario encarcelado, una posición que encendió alarmas en sectores conservadores y empresariales. Mientras tanto, desde la derecha ya comenzaron a instalar denuncias de fraude y campañas de desinformación similares a las que marcaron anteriores procesos electorales en el país.
El proceso electoral dejó además un fuerte desgaste institucional. Hubo demoras inéditas en el escrutinio, cuestionamientos al sistema de votación y hasta renuncias dentro de los organismos electorales. Incluso observadores internacionales tuvieron que intervenir para desmentir acusaciones de manipulación que nunca pudieron probarse.
Perú llega así a una nueva segunda vuelta atrapado entre dos modelos antagónicos, pero también entre dos figuras que despiertan altos niveles de rechazo social. El balotaje no parece encaminado a cerrar la crisis política peruana, sino más bien a profundizar una fractura que lleva años erosionando la estabilidad institucional del país.
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