El Senado debate un proyecto impulsado por el oficialismo que elimina los límites para la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros. La iniciativa también incorpora desalojos acelerados y forma parte de un paquete de medidas que profundiza la desregulación del mercado inmobiliario y de los recursos estratégicos del país.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Gobierno de Milei consiguió llevar al Senado uno de los proyectos más controvertidos de su agenda legislativa: la denominada ley de propiedad privada, una iniciativa que elimina las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y modifica aspectos centrales del régimen de protección territorial establecido durante la última década.
La propuesta forma parte de la sesión especial convocada para este jueves y fue incorporada al temario luego de negociaciones entre La Libertad Avanza y sectores de la oposición dialoguista. Junto con el debate sobre fondos buitres y decenas de pliegos judiciales, el oficialismo busca avanzar con una reforma que reabre una vieja discusión sobre la soberanía territorial argentina.
Un cambio de fondo sobre la propiedad de la tierra
La legislación vigente establecía límites a la concentración de tierras rurales en manos extranjeras. El proyecto impulsado por el oficialismo elimina esas restricciones y habilita que personas físicas o empresas extranjeras puedan adquirir extensiones rurales sin los topes que hasta ahora imponía la normativa nacional.
Según el texto que llega al recinto, las provincias deberán autorizar las operaciones cuando no intervenga directamente un Estado extranjero. La única prohibición que permanecería vigente alcanzaría a gobiernos extranjeros, empresas controladas por otros Estados o fondos vinculados a capitales estatales.
Para los defensores de la iniciativa, la medida permitirá atraer inversiones y dinamizar el mercado inmobiliario rural. Sin embargo, desde distintos sectores políticos y sociales advierten que la eliminación de los límites abre la puerta a una mayor extranjerización de recursos estratégicos, especialmente en regiones con abundancia de agua dulce, minerales, áreas productivas y territorios de alto valor ambiental.
Patagonia, recursos naturales y soberanía
La discusión adquiere especial relevancia en la Patagonia, donde históricamente existieron debates sobre la compra de grandes extensiones por parte de magnates y corporaciones internacionales. Provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz concentran enormes superficies rurales, muchas de ellas asociadas a recursos naturales considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Los cuestionamientos apuntan a que la flexibilización impulsada por Milei se produce en un contexto de apertura económica generalizada, privatizaciones y reducción de regulaciones estatales. Para los críticos del proyecto, la iniciativa representa un nuevo paso en una política que privilegia la lógica del mercado por encima de los mecanismos de protección del patrimonio territorial argentino.
El proyecto también incorpora procedimientos de desalojo acelerado para inmuebles ocupados, otro de los puntos que genera controversia y que fue presentado por el oficialismo como una herramienta para reforzar la protección de la propiedad privada.
Mientras el Senado debate la iniciativa, la discusión trasciende lo jurídico y se instala en el terreno político: si la tierra debe seguir siendo considerada un recurso estratégico sujeto a controles especiales o si debe quedar sometida a las mismas reglas de libre mercado que cualquier otro activo económico. La respuesta que surja del Congreso podría redefinir una de las discusiones históricas más sensibles de la Argentina contemporánea.
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