El Gobierno nacional reglamentó la reforma laboral mediante el Decreto 612/2026, restringiendo la base de cálculo de los aportes convencionales y estableciendo mayores controles sobre el destino de esos recursos. La medida, que modifica aspectos centrales de las contribuciones previstas en los convenios colectivos, representa un nuevo avance de la administración de Javier Milei sobre el financiamiento de las organizaciones gremiales.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política hacia las organizaciones sindicales al publicar este lunes el Decreto 612/2026, una norma que reglamenta aspectos de la reforma laboral y modifica la forma en que se calculan las contribuciones previstas en los convenios colectivos de trabajo.
La principal novedad es que los aportes convencionales dejarán de calcularse sobre la totalidad de la remuneración del trabajador. A partir de ahora, la base se limitará al salario básico de convenio y a las sumas remunerativas habituales de carácter mensual, dejando afuera conceptos como horas extras, aguinaldo, premios, bonos, plus vacacional y otras remuneraciones extraordinarias.
Menos recursos para los gremios
Si bien el decreto no elimina estas contribuciones, reduce la base sobre la que pueden calcularse, lo que en numerosos convenios podría traducirse en un menor ingreso para las organizaciones sindicales.
Además, la norma dispone que esos fondos deberán administrarse mediante una contabilidad separada del resto del patrimonio del sindicato y sólo podrán destinarse a actividades de carácter asistencial, previsional, cultural o vinculadas a la obra social de los trabajadores.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es otorgar «seguridad jurídica» y unificar criterios para la homologación de convenios colectivos. Sin embargo, la medida se inscribe en una política que, desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, busca reducir el poder económico y político de los sindicatos, uno de los principales focos de confrontación de la gestión libertaria.
Un nuevo capítulo en la disputa con el movimiento obrero
El decreto aparece como una continuidad de las reformas impulsadas desde el inicio del mandato, entre ellas el DNU 70/2023 y los cambios laborales incorporados posteriormente por el Congreso.
Para las organizaciones gremiales, la reglamentación representa un nuevo intento de debilitar sus fuentes de financiamiento, mientras que el Ejecutivo sostiene que sólo busca transparentar el sistema y evitar interpretaciones dispares sobre el alcance de las contribuciones convencionales.
De esta manera, el Decreto 612/2026 profundiza uno de los ejes centrales de la política laboral de Javier Milei: avanzar sobre la estructura económica de los sindicatos sin eliminar formalmente los mecanismos previstos por la legislación vigente, pero limitando su alcance mediante la reglamentación.
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