El ministro que llegó al Gobierno para desregular y transformar el Estado tiene, según un edicto del Boletín Oficial, el 5% de una empresa maderera vinculada a la familia de la esposa del fiscal Diego Luciani y asociada con Federico Braun, dueño de La Anónima. La participación aparece en los papeles societarios desde 2022, pero no figura en la declaración jurada patrimonial 2025 presentada por Sturzenegger. Y en julio de este año, mientras esa participación seguía sin aparecer, el funcionario habló ante empresarios forestales sobre la necesidad de disponer de más hectáreas para producir celulosa en Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Demasiadas piezas de un mismo rompecabezas como para no mirar el dibujo completo.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
Hay familias que hacen negocios y familias que hacen redes. En la Argentina, a veces, la diferencia es difícil de establecer porque los apellidos circulan con una naturalidad extraordinaria entre directorios, estudios jurídicos, empresas, medios de comunicación, gobiernos, bancos, sociedades rurales y, también, tribunales. La historia que vuelve a aparecer ahora tiene un protagonista conocido: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Milei. Pero alrededor de su nombre aparece una sociedad maderera correntina, una familia de empresarios, Federico Braun, los Abelleyra, el fiscal Diego Luciani y una participación societaria que el Boletín Oficial registra con absoluta claridad y que, sin embargo, no aparece en la declaración jurada patrimonial presentada por el funcionario correspondiente al ejercicio 2025.
La historia comienza bastante antes de que Sturzenegger se convirtiera en ministro de Milei. El 20 de diciembre de 2022, cuando todavía faltaba un año para el cambio de gobierno, el Boletín Oficial publicó un aviso societario que documentó una serie de cesiones de cuotas de Garabí Maderas S.R.L., una empresa vinculada al Grupo Garabí. El documento es preciso: Marcos de Abelleyra cedió 200.950 cuotas a Federico Adolfo Sturzenegger, equivalentes al 5% del capital social. En la misma operación, Federico Braun recibió 401.900 cuotas, equivalentes al 10%. La sociedad quedó además con un 34% en manos de Agroforestal Garabí S.R.L., el núcleo empresario del grupo. No estamos hablando de una fotografía borrosa ni de una relación inferida por una coincidencia de apellidos: está escrito en el Boletín Oficial.
Y ahí aparece el primer dato que hace que la historia deje de ser simplemente una participación empresarial más. Marcos de Abelleyra no es un desconocido dentro del entramado familiar que rodea al fiscal Diego Luciani. Es hermano de Josefina María de Abelleyra, esposa de Luciani. De modo que el 5% de Garabí Maderas que recibió Sturzenegger salió de las manos de un integrante de la familia política del fiscal que encabezó la acusación en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.
Conviene detenerse un segundo en Garabí porque no estamos hablando de una pequeña empresa perdida en algún rincón del país. Agroforestal Garabí S.R.L., la sociedad central del grupo, comprende servicios de gestión empresarial y una extensa red de actividades forestales, agropecuarias y comerciales. La estructura que reconstruimos muestra además que Garabí no funciona como una sola empresa sino como un entramado de sociedades, proyectos y administraciones forestales.
Y en el centro de ese entramado aparece Garabí Maderas. La composición societaria publicada en 2022 resulta especialmente reveladora: Agroforestal Garabí tiene el 34%; Eduardo Manuel de Abelleyra, el 18%; Marcos de Abelleyra, el 10%; Federico Braun, el 10%; Patricio Lanusse, el 11%; Matías García Oliver, el 6%; Federico Sturzenegger, el 5%; Pablo García Oliver, el 3%; Santiago Jorge de Abelleyra, el 2%; y María Mora Varela, el 1%. Una mesa societaria donde se sientan empresarios, familias tradicionales, inversores y nombres vinculados a distintos circuitos del poder económico.
No es menor tampoco que Federico Braun aparezca allí. Braun es una de las figuras históricas de La Anónima, una de las grandes cadenas supermercadistas del país. Y no es la primera vez que el apellido Braun aparece relacionado con el universo económico de los Abelleyra. En 2022, NLI reconstruyó la existencia de Forestal San Vicente, sociedad en la que la familia política de Luciani y representantes de La Anónima compartían intereses forestales en Corrientes. La sociedad había sido constituida en 2003 y, según aquella investigación, explotaba 562 hectáreas.
Pero la trama no termina en Braun. Otro apellido que aparece en la composición de Garabí Maderas es Patricio Lanusse, con el 11%. Lanusse, fallecido en 2023, estaba vinculado a Eidico, la desarrolladora inmobiliaria fundada junto a Jorge O’Reilly. El nombre de Lanusse tampoco es un accidente aislado dentro del mapa de las relaciones entre empresas, familias tradicionales y política argentina. Ya en investigaciones anteriores de NLI había aparecido el entramado Lanusse-Braun-Eidico y sus conexiones con distintos sectores del poder económico y político.
Ahora bien: si todo esto fuera solamente una vieja fotografía societaria de 2022, tendría un interés histórico y poco más. El problema aparece cuando se cruza esa fotografía con el presente.
Sturzenegger llegó al gobierno de Milei en julio de 2024. Y la participación del 5% en Garabí Maderas había sido formalizada dos años antes. La cuestión adquiere entonces otra dimensión porque la declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025, presentada por Sturzenegger ante la Oficina Anticorrupción el 9 de junio de 2026, enumera una sola participación societaria: Un Ombú S.A.S., valuada en $10.700. En las nueve páginas de la declaración no aparece Garabí Maderas ni ninguna otra empresa forestal o maderera. La investigación publicada por DataClave cruzó esa declaración con el Boletín Oficial y encontró la diferencia.
Es un detalle difícil de pasar por alto. El Boletín Oficial dice que Sturzenegger recibió 200.950 cuotas de Garabí Maderas. Los registros societarios consultados no muestran posteriormente una cesión, venta o disolución de esa participación. Y la declaración jurada más reciente no la menciona. La explicación definitiva sobre esa ausencia corresponde, naturalmente, al propio funcionario y a los organismos encargados de controlar la declaración patrimonial. Pero mientras tanto queda una pregunta elemental flotando en el aire: ¿dónde quedó ese 5%?
La pregunta se vuelve todavía más incómoda por una coincidencia temporal y temática. El 30 de julio de 2026, Sturzenegger participó en Paraná del XIX Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos. Allí habló de mercado de capitales, infraestructura, comercio exterior y propiedad privada. Y en medio de esa exposición apareció, específicamente, la industria forestal. Según el registro difundido por DataClave, el ministro afirmó: “Empresarios que invierten en celulosa necesitan hectáreas” y sostuvo que la legislación vigente impedía el desarrollo de la industria forestal y que Entre Ríos, Corrientes y Misiones tenían condiciones para desarrollarla.
La frase es interesante por sí misma. Pero adquiere otro volumen cuando se recuerda que Sturzenegger figura como socio de una empresa maderera de Corrientes, que esa empresa integra el entramado del Grupo Garabí, que el grupo tiene actividad forestal en la región y que su participación societaria provino de un integrante de la familia de la esposa de Diego Luciani. No hace falta inventar ninguna conspiración: los papeles hacen el trabajo solos. El ministro tiene una participación en una maderera; la maderera opera en una actividad que el ministro promueve públicamente; y la participación no aparece en su última declaración jurada. Tres datos. Una coincidencia demasiado grande como para archivarla en la carpeta de curiosidades.
Y aquí aparece otra cuestión: ¿qué es exactamente el Grupo Garabí? Porque reducirlo a Garabí Maderas sería perder buena parte de la película. Agroforestal Garabí es la sociedad central. A su alrededor aparecen Garabí Servicios, Garabí Invest, Viraco y otras estructuras productivas, mientras que el grupo también administra o participa en esquemas forestales donde la propiedad de los activos corresponde a terceros. En Viraco, por ejemplo, el Boletín Oficial registra como socios a Fermín Pereyra Moine, Santiago de Abelleyra, Raymundo Robustiano Meabe, COFIPU S.A. y Matías Gómez Carrillo. La sociedad fue creada con un objeto que incluye explotación agrícola y ganadera, cultivos forestales, forestación, reforestación, madera, aserraderos y derivados.
COFIPU S.A. merece un capítulo aparte. Posee el 24,5% de Viraco y aparece, por lo tanto, dentro del mismo mapa societario que Santiago de Abelleyra y Fermín Pereyra Moine. La red se vuelve todavía más amplia cuando aparecen FGF Forestal Santa María y Rudaco Forestal, empresas integradas al Grupo de Certificación Garabí. En FGF, Santiago de Abelleyra figura como presidente y Fermín Pereyra Moine como vicepresidente, aunque el capital accionario documentado corresponde a otras estructuras. Rudaco, por su parte, está vinculada al grupo austríaco SPS Waldholding/AFOR. Es decir, Garabí no solamente tiene sus propias sociedades: también administra, conduce o certifica operaciones forestales cuyo capital pertenece a otros actores. Esa diferencia es fundamental para entender el verdadero tamaño de la red económica.
Y mientras todo esto ocurre, el Estado argentino mantiene un régimen de promoción forestal que otorga beneficios fiscales y apoyo económico a determinadas inversiones forestales. La Ley 25.080, prorrogada hasta 2029, contempla entre otros instrumentos estabilidad fiscal, devolución anticipada de IVA y apoyo económico no reintegrable para determinadas actividades. Que una empresa opere en el sector no significa automáticamente que haya cobrado un subsidio; pero sí significa que estamos ante una actividad que tiene una relación estructural con políticas públicas de promoción. Y cuando uno de los socios de una empresa del sector ocupa al mismo tiempo un lugar decisivo en el diseño de políticas de desregulación y propiedad, la pregunta sobre intereses cruzados deja de ser una extravagancia.
Macri
Hay además una historia anterior que no puede borrarse de la memoria por el simple paso del tiempo. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Grupo Garabí no solamente tuvo las puertas abiertas de la Casa Rosada: algunos de los nombres que después aparecen sentados alrededor de su mesa societaria también formaron parte de la estructura del propio Estado macrista.
Los registros oficiales de audiencias reconstruidos por Radio Nacional muestran una reunión de Santiago de Abelleyra con Marcos Peña en diciembre de 2018, la presencia de Abelleyra en la Mesa de Competitividad Foresto-Industrial encabezada por Macri en julio de 2019 y un encuentro de ejecutivos de Garabí con el entonces presidente alrededor de un proyecto de inversión de 250 millones de dólares para un aserradero en Corrientes. Pero hay un dato todavía más sugestivo: Matías García Oliver, que hoy figura entre los socios de Garabí Maderas, fue designado por Macri en 2016 como subsecretario de Asuntos Institucionales de la Jefatura de Gabinete. Es decir, mientras Garabí desplegaba su agenda empresaria frente al gobierno de Cambiemos, uno de los hombres que integraría su estructura societaria también ocupaba un cargo dentro de aquel gobierno.
La trama se vuelve todavía más llamativa cuando se recuerda que García Oliver está emparentado con la familia Clusellas: era yerno de Alejandro Reynal y, por esa vía, quedó incorporado a una familia cuyos vínculos con Macri y con la estructura del poder político de Cambiemos fueron reconstruidos por este medio.
¿Quiénes se sentaban, entonce, alrededor de la mesa cuando se discutían las políticas que afectaban a sus negocios?
Y aquí volvemos al apellido que atraviesa toda esta historia: Abelleyra.
Eduardo Florencio de Abelleyra, patriarca del grupo, desarrolló junto con sus hijos el negocio forestal en la Mesopotamia. Su hijo Eduardo Manuel fue ejecutivo de DirecTV y del Grupo Clarín. Sus otros hijos aparecen en las sociedades forestales. Su hija Josefina se casó con el Fiscal Diego Luciani (el que jugaba con Macri mientras condenaba a Cristina). Su hijo Marcos transfirió en 2022 el 5% de Garabí Maderas a Federico Sturzenegger. Santiago de Abelleyra continúa apareciendo como autoridad en distintas sociedades del entramado. Y alrededor de ese universo aparecen Braun, Lanusse, García Oliver, Meabe, COFIPU y otros apellidos que permiten reconstruir un mapa bastante más sofisticado que la simple historia de una empresa familiar.
No es casual que en aquella investigación de NLI de 2022 apareciera también el vínculo con Forestal San Vicente, donde los Abelleyra y los Braun compartían intereses. Tampoco es casual que la historia empresarial de la familia haya tocado el universo del Grupo Clarín a través de Eduardo Manuel de Abelleyra. Y tampoco es menor que investigaciones anteriores de este medio hayan reconstruido redes de parentesco y negocios alrededor de los apellidos Clusellas, Braun, Lanusse, O’Reilly, Reynal y Macri. El poder económico argentino no funciona en compartimentos estancos: muchas veces funciona como una familia extendida con distintos domicilios fiscales.
Condena
En este punto aparece inevitablemente la causa Vialidad. Diego Luciani fue el fiscal que encabezó la acusación contra Cristina Kirchner, y la condena que terminó imponiéndose en esa causa quedó firme después de la intervención de la Corte Suprema. La cuestión aquí no es volver a juzgar aquella causa desde las relaciones familiares del fiscal. Eso sería otra discusión. La cuestión es mucho más concreta: quiénes estaban detrás del universo económico de su familia política mientras él ocupaba uno de los lugares más poderosos de la acusación judicial contra la principal dirigente opositora al macrismo y, posteriormente, al mileísmo.
Y esa pregunta adquiere otra intensidad cuando, años después, uno encuentra a Federico Sturzenegger —actual funcionario central del Gobierno de Milei— como socio de una de las empresas de ese mismo entramado familiar. No porque la sociedad haya sido creada por él ni porque la participación haya nacido durante su paso por el Estado: fue adquirida en 2022. Sino porque la sociedad siguió existiendo, la participación sigue registrada en los papeles societarios disponibles y el funcionario ahora habla desde el Estado sobre políticas directamente vinculadas con el sector económico del que forma parte como socio.
El dato puede ser explicado. Puede haber una transferencia que no haya sido reflejada en las fuentes consultadas. Puede existir una interpretación administrativa sobre la obligación de declarar la participación. Puede haber razones jurídicas o contables que expliquen la diferencia. Precisamente por eso, la pregunta no debería ser considerada una acusación sino una pregunta pública elemental: ¿por qué el 5% de Garabí Maderas que figura a nombre de Federico Sturzenegger en el Boletín Oficial no aparece en su declaración jurada patrimonial de 2025?
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