Las Fuerzas del Cielo también tienen que rendir cuentas

El Gordo Dan y otros referentes del ecosistema libertario comenzaron a desfilar por la Justicia porteña a raíz de una denuncia del diputado Esteban Paulón. La causa investiga amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública y expresiones discriminatorias. El contraste resulta inevitable: quienes durante años construyeron desde las redes una retórica de confrontación permanente ahora deben explicar ante una fiscalía el alcance de sus propias palabras.

Por Luis Bulnes Valdez NLI

Durante mucho tiempo, para una parte del universo libertario las redes sociales parecieron funcionar como un territorio sin consecuencias. Desde allí se construyó una maquinaria política y comunicacional basada en la provocación, el insulto, la descalificación del adversario y una particular concepción de la denominada “batalla cultural”. Pero esta semana ocurrió algo bastante menos virtual: Daniel “Gordo Dan” Parisini y otros integrantes de ese ecosistema tuvieron que presentarse ante la Justicia porteña para responder por expresiones que, según la acusación fiscal, podrían haber cruzado los límites de la libertad de expresión y convertirse en conductas penalmente relevantes.

La escena tiene algo de paradoja política. Parisini, uno de los influencers libertarios más identificados con Javier Milei y socio fundador del canal de streaming Carajo, llegó a la fiscalía junto con Mariano Pérez. Ambos fueron indagados por la fiscal porteña Celsa Ramírez en el marco de la denuncia presentada por el diputado nacional Esteban Paulón. Se negaron a declarar y presentaron escritos de descargo, mientras que la investigación alcanzó también al abogado Alejandro Sarubbi Benítez, Pablo Sebastián Pazos y Nicolás Márquez, conocido como biógrafo del Presidente.

La causa se originó en una sucesión de ataques dirigidos contra Paulón, a quien desde distintas plataformas se llegó a acusar de ser pedófilo y de tener vínculos con el narcotráfico, en relación con su actividad política y su defensa de políticas públicas vinculadas con las infancias trans y los derechos de las personas LGBTQ+. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, no se trata de una única publicación aislada sino de una secuencia de expresiones producidas durante un período prolongado, algo que la fiscalía considera relevante para analizar el eventual efecto de ese conjunto de mensajes.

De la “batalla cultural” al expediente judicial

La cuestión central no pasa por discutir si una persona puede criticar a un diputado, a un gobierno o a una política pública. Eso forma parte de cualquier sociedad democrática. El problema que ahora deberá determinar la Justicia es otro: si determinadas expresiones, por su contenido, reiteración, contexto y alcance, pueden constituir amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública o actos discriminatorios. Es decir, dónde se encuentra el límite jurídico entre la expresión política, incluso aquella deliberadamente provocadora, y aquellas conductas que el Código Penal contempla como delitos.

La propia fiscalía reconstruyó publicaciones y emisiones realizadas durante 2024 y 2025. Entre ellas aparece una publicación de Parisini de enero de 2024 dirigida a Paulón con la frase “Vas a correr”; otra en la que vinculaba al diputado y a la entonces legisladora Mónica Fein con el narcotráfico; y posteriores intervenciones relacionadas con las políticas de diversidad y las infancias trans. La investigación también incorporó contenidos difundidos desde Carajo y otros espacios del ecosistema digital libertario.

La fiscalía sostiene que el conjunto de esas expresiones pudo contribuir a exponer al legislador a un escenario de hostigamiento y violencia. La acusación habla de una posible intención de estimular o promover agresiones contra Paulón y vincula el caso con expresiones discriminatorias relacionadas con su orientación sexual, su actividad política y su defensa de políticas para minorías sexuales. Son, naturalmente, hipótesis de la acusación que deberán ser examinadas durante el proceso y que no equivalen a una condena.

Pero hay un dato político que excede el expediente particular. Los protagonistas de esta causa no son influencers completamente desvinculados del poder. Parisini se convirtió en una de las voces digitales más visibles del mileísmo y el espacio conocido como “Las Fuerzas del Cielo” creció alrededor del universo político asociado a Santiago Caputo, uno de los principales estrategas del oficialismo. Página/12 describe precisamente a los imputados como integrantes de ese ecosistema y señala que sus mensajes forman parte de una lógica de “batalla cultural” caracterizada por ataques contra el feminismo y la homosexualidad.

Cuando la pantalla se apaga

La expresión “tocar el pianito”, utilizada para describir el momento en que alguien debe registrar sus huellas dactilares, tiene en este caso una potencia simbólica difícil de ignorar. Durante meses, la política libertaria convirtió la provocación en una herramienta de comunicación; ahora algunos de sus principales propagandistas deben atravesar el procedimiento judicial que corresponde a cualquier ciudadano investigado por la posible comisión de un delito.

Según las reconstrucciones periodísticas de las indagatorias, Parisini y Pérez atravesaron el registro de antecedentes y la toma de huellas y optaron por no responder preguntas de la fiscalía. También se estableció una restricción de acercamiento, tanto física como virtual, entre los denunciados y Paulón mientras continúa el proceso.

El expediente incorpora además informes técnicos de organizaciones que fueron consultadas sobre el impacto de las expresiones investigadas. Amnistía Internacional consideró que las conductas denunciadas podían encuadrarse en formas de violencia de género facilitadas por tecnologías de la información, mientras que la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans sostuvo que existía una utilización deliberada de estereotipos estigmatizantes y un contexto de hostigamiento hacia la comunidad LGBTI+. Son opiniones técnicas incorporadas a la investigación, no una sentencia judicial, y deberán ser ponderadas junto con el resto de la prueba.

También existe un antecedente que muestra que las expresiones difundidas en redes no necesariamente quedan fuera de cualquier consecuencia institucional: casos anteriores en los que otros influencers fueron sancionados por expresiones consideradas violentas o discriminatorias, con medidas que incluyeron multas, tareas comunitarias y prohibiciones de referirse a las personas denunciantes.

La apertura de esta instancia judicial marca algo que durante mucho tiempo pareció ausente en el ecosistema digital más fanatizado del oficialismo: la existencia de límites que no dependen del algoritmo, de la cantidad de seguidores ni de la cercanía con el poder.

Porque una cosa es gritar en las redes que todo aquel que piensa diferente es un enemigo. Otra bastante distinta es sostener esas acusaciones cuando ya no se está frente a una cámara, un teclado o un micrófono, sino frente a una fiscalía que pregunta por los hechos, reconstruye las publicaciones y exige explicaciones.

El fenómeno político de Las Fuerzas del Cielo nació en buena medida de la capacidad para transformar la provocación en espectáculo. Ahora una parte de sus protagonistas enfrenta la instancia menos espectacular de todas: un expediente judicial que deberá determinar si detrás de aquella retórica hubo solamente violencia verbal —por más repudiable que resulte— o si algunas de esas conductas atravesaron las fronteras que establece la legislación penal. Y en ese terreno, finalmente, no hay streaming que valga: hablan las pruebas y decide la Justicia.