Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti estaban reunidos en un hotel de San Martín de los Andes cuando ATE, ATEN, organizaciones sociales, partidos políticos y vecinos llegaron para repudiar el reciente fallo sobre la Ley de Tierras. Hubo presencia de Policía y Gendarmería y un fuerte operativo alrededor del alojamiento. Los manifestantes cuestionaron que la decisión judicial dejara vigente la derogación de los límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La escena tuvo una enorme carga simbólica: los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que acababan de firmar una sentencia decisiva sobre el régimen de tierras rurales se encontraron este miércoles con una protesta frente al hotel donde estaban alojados en San Martín de los Andes. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti participaban de un encuentro de magistrados federales en la localidad neuquina cuando organizaciones sindicales, sociales, políticas y vecinos se concentraron frente al establecimiento para expresar su rechazo al fallo que revocó una decisión anterior contra el artículo 154 del DNU 70/2023. La manifestación comenzó alrededor de las 17 y se extendió hasta cerca de las 19, mientras un importante dispositivo integrado por efectivos de la Policía y de Gendarmería custodiaba el lugar. Según ATE local, la protesta se desarrolló sobre la calle y la vereda y no se registraron incidentes.
El escenario elegido no fue casual. San Martín de los Andes es una ciudad ubicada en plena Patagonia y el reclamo estuvo directamente vinculado con la discusión sobre la propiedad de las tierras rurales argentinas y su eventual adquisición por capitales extranjeros. La protesta se produjo apenas un día después de que la Corte revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales impulsada por el Gobierno de Javier Milei mediante el DNU 70/2023. El máximo tribunal hizo lugar al planteo del Estado nacional y sostuvo que la asociación que había promovido la demanda —el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM)— no contaba con legitimación suficiente para llevar adelante esa acción.
La protesta llegó hasta el hotel
La concentración reunió a ATE, ATEN, Patria Grande, el Partido Obrero y vecinos de San Martín de los Andes, entre otros sectores. Los manifestantes cortaron momentáneamente la circulación frente al hotel Le Village, donde se desarrollaba el encuentro judicial, y llevaron al centro de la protesta una consigna vinculada con la defensa de la soberanía territorial. De acuerdo con el secretario general de ATE de San Martín de los Andes, Segundo Andrade, la convocatoria se organizó durante la misma jornada luego de conocerse que los integrantes del máximo tribunal estaban en la ciudad. El dirigente aseguró que la manifestación fue pacífica y que los participantes permanecieron en la calle y la vereda.
El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, utilizó un tono mucho más duro para cuestionar a los magistrados. El dirigente sindical vinculó directamente el fallo con los intereses de grandes propietarios extranjeros de tierras en la Argentina y sostuvo que la Corte había dictado una decisión “a medida de los Lewis y los Benetton”. También anunció que las organizaciones sindicales continuarían llevando el reclamo a los lugares donde aparezcan los integrantes del máximo tribunal. Sus afirmaciones forman parte del posicionamiento político de ATE y no constituyen una conclusión judicial sobre las motivaciones de los magistrados.
La protesta se desarrolló además en un contexto especialmente sensible para la Patagonia. La eliminación de las restricciones establecidas por la Ley 26.737 abrió una discusión de fondo sobre quién puede adquirir tierras rurales argentinas, cuáles son los límites a la propiedad extranjera y qué lugar ocupa la soberanía territorial frente a la libertad de disposición de los bienes. La norma sancionada en 2011 había establecido, entre otras restricciones, un límite general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y otros topes relacionados con nacionalidad y superficie. El DNU 70/2023 derogó ese régimen, y la controversia judicial terminó llegando a la Corte.
Qué dijo realmente la Corte
Hay un punto jurídico que resulta central para entender el conflicto. La Corte Suprema no declaró constitucional la derogación de la Ley de Tierras ni resolvió definitivamente que las restricciones a la propiedad extranjera sean inválidas. El fallo se concentró en una cuestión procesal: los jueces entendieron que la entidad que había presentado la demanda no tenía legitimación suficiente y que, por lo tanto, no existía en ese expediente un caso judicial que habilitara al tribunal a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
La propia Corte salió este jueves a aclarar ese punto ante las críticas que generó la sentencia. En un comunicado dirigido a la opinión pública, el máximo tribunal sostuvo que “solo se decidió un aspecto procesal” y afirmó que la resolución no implica pronunciarse sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023. También señaló que existen otras causas y medidas cautelares vinculadas con el régimen de tierras que continúan en trámite ante distintos tribunales.
Pero la aclaración jurídica no modificó el impacto político del fallo. Para los sectores que se movilizaron en San Martín de los Andes, el efecto concreto de la decisión es que vuelve a quedar operativo el esquema establecido por el DNU de Milei que derogó las restricciones de la Ley de Tierras, mientras el Congreso continúa siendo escenario de la disputa política sobre esa normativa. De hecho, el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó el mismo jueves una declaración de repudio a la decisión de la Corte, por siete votos contra uno.
La situación adquiere una dimensión todavía mayor porque la protesta ocurrió en territorio patagónico, precisamente una de las regiones donde la cuestión de la propiedad extranjera de tierras despierta históricamente mayores controversias políticas y sociales. El debate incluye desde la soberanía sobre áreas estratégicas hasta el acceso a recursos naturales, fronteras, agua y grandes extensiones rurales. En ese contexto, la presencia de los tres jueces en una ciudad cordillerana inmediatamente después del fallo transformó una reunión judicial en el escenario de una protesta pública de fuerte contenido territorial.
Y hubo otro dato que terminó de darle al episodio una imagen poco habitual para la vida judicial argentina: los magistrados fueron recibidos por un despliegue de seguridad mientras afuera se multiplicaban los reclamos contra su decisión. Según la información publicada por LM Neuquén, ante la llegada de los manifestantes los jueces se habrían mantenido dentro del establecimiento. La concentración se desarrolló sin que se informaran enfrentamientos ni heridos, pero con una importante presencia policial y de Gendarmería.
El episodio deja expuesta una tensión que excede ampliamente a los tres magistrados involucrados. Por un lado, la Corte reivindica que su sentencia se limitó a una cuestión de legitimación procesal y niega haber resuelto la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. Por el otro, sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos interpretan que las consecuencias prácticas del fallo vuelven a poner en discusión la protección de las tierras rurales frente a la adquisición extranjera. Entre ambas posiciones queda abierta una disputa que ahora deberá continuar tanto en los tribunales como en el Congreso y en el espacio público.
La imagen de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti reunidos en un hotel patagónico mientras afuera se concentraban trabajadores y organizaciones para repudiar el fallo terminó convirtiéndose en la postal de una discusión mucho más profunda: quién decide sobre el territorio argentino, hasta dónde llega el poder de la Justicia frente a las decisiones políticas y legislativas y qué mecanismos institucionales existen para discutir el régimen de propiedad de las tierras rurales. El escrache de San Martín de los Andes no cerró esa discusión. Por el contrario, acaba de llevarla directamente hasta la puerta del máximo tribunal.
Descubre más desde Noticias La Insuperable
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
