La Justicia intervino una empresa vinculada a Milman

Es por un plazo de seis meses. la Inspección General de Justicia (IGJ) le detectó una decena de irregularidades.

Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

La Justicia puso el ojo en una empresa con innegables vínculos con el diputado Gerardo Milman. Se trata de SALVATTORE GROUP SAS, la misma que, como ya te contamos desde este portal, pone a la mano derecha de Patricia Bullrich (que en su intimidad, trasciende, está furiosa por este tema) contra las cuerdas.

SALVATTORE, creada en 2017, está a nombre de Fernando Agustín Daga y Carolina Elízabeth Gómez Mónaco, ambos con su «asesores» de Gerardo Milman. Tambien es «asesora» la germana de esta última, Daniela Gómez Mónaco.

Carolina es una de las «asesoras» que acompañaba a Milman en un bar el día que dijo que, cuando atenten contra Cristina, él estaría «camino a la costa».

Como ya te había anticipado desde Noticias La Insuperable, en septiembre de 2017, Gerardo Milman, diputado ladero de Patricia Bullrich, contrató a Carolina Elisabeth Gómez Mónaco como titular de la Escuela de Inteligencia del Delito (ESID). En simultáneo, el 29 de ese mismo mes y año, Gómez Mónaco constituyó una sociedad, SALVATTORE S.A.S., junto a Fernando Agustín Daga, inscripto como monotributista categoría F dedicado a brindar «servicios inmobiliarios», y vecino de su socia en Adrogué, y que también trabajara bajo las órdenes de Milman.

La IGJ constató más de una decena de irregularidades en la sociedad en cuestión y concluyó que existen “graves, precisas y concordantes presunciones de que se trata de una sociedad simulada” o “pantalla”.

La resolución de la IGJ señala que la coincidencia temporal “motivó una fundada sospecha sobre los orígenes de los fondos utilizados por Carolina Elisabeth Gómez Mónaco para abrir ese emprendimiento, pues mientras lo ‘asesoraba’ a Milman y su hermana Daniela ‘manejaba fondos’ de los cuales no había que dar mayormente explicaciones o rendir cuentas, aquella puso en marcha en la Avenida Corrientes 1135 Luxa Estética, dedicada a tratamientos de modelación corporal que luego empezó a facturar como Luxa Models en un 100 por ciento siendo actualmente empleada de la Cámara de Diputados”.

La denuncia apunta a Milman y las hermanas Gómez Mónaco. La hipótesis es que los tres utilizaron dinero del Ministerio de Seguridad para poner en marcha semejante emprendimiento, para el que no tenían los fondos ni el patrimonio. La clave, por supuesto, fueron las designaciones de Carolina y Daniela en sus respectivos cargos, sin ningún tipo de experiencia en materia de inteligencia criminal.

Orígenes

Lo que tampoco ningún medio a contado es que Luxa, en realidad, fue una idea que nació cuatro años antes de que fuera inscripta; más precisamente en octubre de 2013, y fue un proyecto de Carolina Gómez Mónaco para el que contó con tres socios: Felipe Pettinato, el productor Paul Ferreyra y la modelo Micaela Mattaloni. Años después de su nacimiento, la «asesora» de Milman, hay que ver como, se quedaría con todo.

Paul Ferreyra, Micaela Mattaloni, Felipe Pettinato y Carolina Gómez Mónaco cuando lanzaron LUXA

Irregularidades

A comienzos de noviembre, la IGJ motorizó una inspección en Salvatore Group SAS que arrojó una larga lista de anomalías que son las que generaron el estado de sospecha sobre cuál sería su verdadera finalidad, que Nissen arriesga podría estar ligada al uso y manejo de fondos estatales sin control.

* La sociedad fue inscripta el 27 de septiembre de 2017 en 24 horas. Sus operaciones sociales en los papeles comenzaron el 30 de junio de 2019, con lo cual todo indica que se buscó evitar controles. Los socios son Gómez Mónaco y Daga, ambos empleados de Milman, de 27 y 30 años, respectivamente, al momento de la constitución societaria.

La sociedad se conformó con 31 objetos sociales distintos, es decir, como si pudiera dedicarse a toda clase de actividades. De hecho figuran: importación y exportación, servicios relacionados con actividades agropecuarias, avícolas, ganaderas, tamberas, vitivinícolas, también de comunicación sobre espectáculos, editoriales y gráficas, actividades culturales educativas, desarrollo de tecnología, investigación innovación, actividades inmobiliarias y de la construcción, gastronómicas, petroleras, gasíferas, de salud y de transporte. Un objeto social tan amplio, dice la IGJ, “no cumple con el principio de especialidad previsto en el código unificado y mal puede ser considerado persona jurídica”.

Empezó con un capital social de 17.720 pesos, 25 por ciento en efectivo. Se integró solo con 4430 pesos, pero gastó más y quedó con patrimonio negativo de 1035 pesos. Esto violaría el Código Civil y Comercial.

El domicilio declarado no coincidía con el real. Si bien era en Corrientes 1135, figuraba como piso 1, pero era en el subsuelo. Es un requisito declarar la sede social.

Nunca presentó libros contables, hasta que fue intimada a comienzo de mes, cuando tampoco presentó todo. Entregó los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2018 y un año después, pero no entregó los de 2020, 2021 y 2022. Tampoco presentó libros de actas, balances, registro de acciones, asambleas, reuniones de socios, ni cambio de autoridades.

* Según los papeles, la sociedad no tuvo actividad comercial en los ejercicios cerrados en 2018 y 2019, ni ingresos ni gastos operativos. Aparece el pago de un alquiler, aunque según los estados contables los alquileres abonados fueron condonados el 30 de junio de 2019. Lo que contabiliza de pagos de alquileres son 330 mil pesos. La dueña del 50 por ciento del inmueble de 291 metros cuadrados es Carolina Gómez Mónaco y la otra parte es de Graciela Bamonde, exesposa del hermano de Daga.

* La sociedad no tiene cuentas bancarias ni dinero en caja, no registra ventas y solo contabiliza el pago de alquileres en cuestión.

* El patrimonio neto es de 12.090 pesos y le debe 60.000 pesos a Gómez Mónaco.

* Ante la falta de balances, cuando fueron a consultar al sistema Nosis, los especialistas de la IGJ encontraron que, pese a no tener actividad registrada en libros, la facturación anual oscilaba entre 10.050.385 y 50.251.921 de pesos.

Intervención

Esta semana un juez nacional del fuero comercial decretó la intervención en grado de veeduría de la sociedad de acciones simplificada SALVATORE GROUP, en el marco de la denuncia de la IGJ. El magistrado Daniel D. Frick nombró como interventora a la abogada Anahí Cordero, a quien le asignó la tarea de producir «un informe mensual sobre el giro social de Salvattore Group S.A.S. durante un término de seis meses, contado desde la aceptación del cargo».

Según se fundamente en el escrito del Juez, las irregularidades detectadas en SALVATTORE y que fundamentan la intervención «pueden resumirse del modo que sigue: i) “No desempeñó actividad comercial alguna desde su constitución hasta el año 2019”. ii) “Pese a la multiplicidad de su objeto ninguna de las actividades elegidas por los socios al tiempo de su registro digital comprende aquella que actualmente lleva a cabo”. iii) Su capital social nunca fue integrado en su totalidad y es “absolutamente insuficiente para cualquier actividad”. iv) “El único movimiento patrimonial realizado desde el mes de Octubre de 2017 al mes de Junio de 2019 fue el pago de una locación inmobiliaria, con un canon irrisorio… No obstante haberse pagado un alquiler mensual de pesos 30.000 durante todo el ejercicio 2018/2019, sin realizarse la menor actividad comercial, esos alquileres ya pagados “fueron condonados” por los propietarios del local al cierre del ejercicio 2019, acaecido el 30 de Junio de 2019”. v) Salvattore Group S.A.S. no presentó documentación contable desde su inscripción, cumpliendo solo parcialmente esa obligación luego de que fuera intimada por el organismo de contralor. En esa oportunidad (16.11.2022) solo se anejaron los balances hasta el año 2019, que, además -según la peticionariacarecen de memoria, son incompletos y no surge su aprobación por el órgano de gobierno«.

Por lo pronto, desde el entorno de Patricia Bullrich, en silencio, ya le han soltado la mano a Milman desde hace un tiempo…

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