En total, se detallan pedidos de citación a 34 individuos y organizaciones.
Un proyecto de Resolución que lleva la firma de 15 diputados solicita que los cuatro integrantes de la Corte Suprema deban declarar ante la comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, y también pide que se cite a declarar como testigos a Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro y hasta se haga entrecruzamiento de llamadas.
El proyecto lleva la firma de 15 de los diputados del oficialismo: Eduardo Valdes, Marisa Uceda, Marcelo Cassaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Vanina Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvina Ginocchio, Gustavo González, María Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
El proyecto introducido en la Cámara de Diputados pide, por un lado, que sean citados a la Comisión de Juicio Político los cuatro jueces de la Corte con los que se buscará avanzar en el juzgamiento político: Rosatti (presidente del tribunal), Rosenkrantz (vicepresidente) y Maqueda y Lorenzetti (ministros). Por otra parte, el proyecto pide que sean citados como testigos diversos funcionarios, juristas, empleados públicos y organismos de derechos humanos. En total, se detallan pedidos de citación a 34 individuos y organizaciones.
Entre los funcionarios, el proyecto pide citar a los once gobernadores «que suscribieron el acuerdo firmado por el Presidente de la Nación«, a Carlos Zannini (procurador del Tesoro), Eduardo «Wado» de Pedro (ministro del Interior) y Horacio Pietragalla Conti (secretario de Derechos Humanos). También pide citar, hasta el momento como testigos, al ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro y al vocero y mano derecha de Rosatti, Silvio Robles, ambos involucrados en los escandalosos chats que se conocieron en las últimas semanas.
En paralelo, el proyecto reclama la citación de los juristas Eugenio Zaffaroni (exministro de la Corte), Eduardo Barcesat (abogado constitucionalista) y Baltasar Garzón (exjurista español), al igual que al académico especializado en medios Damián Loreti.
Asimismo, se pide la citación de «todos los Directores, Secretarios, Funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados«. Específicamente, se menciona a los funcionarios de la Corte Hector Daniel Marchi, Sebastián Clérici y Enrique de Vedia.
Asimismo, el proyecto reclama citar a diversos organismos de Derechos Humanos como HIJOS, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS y APDH, entre otros, a raíz de que el caso Muiña, conocido como 2×1, fue incluido entre los causales para la promoción del juicio político.
Peritajes
En paralelo, el proyecto pide que se libren trece oficios, que incluyen varios pedidos de prueba para determinar la responsabilidad de los jueces en los causales que se les imputan. Entre ellos se destaca el que se le realiza a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) «para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas«. También se piden copias de las designaciones de la esposa de Silvio Robles, Laura La Torre, como funcionaria porteña y como funcionaria nacional tanto en la vicejefatura de Gabinete como en el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Macri.
Por último, en relación al conflicto por la coparticipación, pide una «determinación de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2016«. También se le pide a la oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación estimar el impacto presupuestario de la causa iniciada por CABA acerca de este tema.
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