Se trata de la Fundación Escuela de Yoga de Buenos Aires.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
El 13 de agosto del año pasado la sociedad se vio convulsionado tras un escándalo que involucraba a una secta religiosa, una fundación y explotación sexual. Tras un megaoperativo en simultáneo se detuvo a los principales líderes de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), tras una investigación que señalaba a la secta por presunta trata de personas. En septiembre se imputaron unas 19 personas por los casos de asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual. De esos 19, dos fueron liberados por falta de mérito. Juan Percowicz, señalado como jefe de la organización, quedó con un embargo por 1.200 millones de pesos.
Ahora,, desde la Inspección General de Justicia (IGJ), a través de la Resolución Particular 124/2023, el organismo requiere al Ministerio de Justicia «el retiro de la autorización para funcionar como persona jurídica de la “FUNDACIÓN ESCUELA DE YOGA DE BUENOS AIRES” oportunamente otorgada por RESOLUCIÓN (P) DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA N° 000920 de fecha 2 de noviembre de 1993 […] y consecuentemente requerir la disolución y nombramiento de un liquidador de los bienes«.
Antecedentes
La Fundación, constituida el 22 de septiembre de 1993 tenía por objeto, de acuerdo a su estatuto constitutivo “la investigación, enseñanza y difusión de las ideas filosóficas de la Humanidad y su práctica, tendiendo especialmente a orientar sobre la conveniencia de la actividad filosófica como alternativa exitosa frente a los males de la droga, el SIDA y la violencia; como una valiosa herramienta para evitar la destrucción de nuestro medio ambiente, y como medio válido de evolución del ser humano”.
Tan solo pocos meses después comenzarían las irregularidades: «ya en fecha 19 de febrero de 1994, vale decir, a muy pocos meses de obtener su personería jurídica la entidad en ciernes, la entonces jefa del Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones, -y como consecuencia de publicaciones periodísticas aparecidas en diferentes medios de comunicación que involucraban a miembros de la entidad, en similares hechos delictivos a los que en la actualidad se ventilan- , dispuso la apertura de una INFORMACIÓN SUMARIA que tramitó bajo el número de trámite 9784, con el fin de constatar tales extremos y requirió en tal sentido, al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 4 Secretaría 113, Dr. MB, brindar información sobre el estado de la causa y los imputados, a los efectos de adoptar las medidas correspondientes, por ser la Inspección de Justicia el órgano de control de funcionamiento de la entidad cuestionada. Que a fs. 7, el Tribunal contestó el oficio a IGJ, informando que instruía una causa en orden a los delitos de robo y corrupción, en la cual se encontraban imputados JP y otros, y ordenaba la CAPTURA de los involucrados con el fin de recibirles declaración indagatoria«.
La Justicia, por entonces, designó un interventor, pero todo terminó en la nada por presiones políticas que fueron dilatando el accionar y que llegaron hasta el entonces presidente Carlos Menem, señalan los considerandos de la Resolución de la IGJ: «la demora en asumir esa manda resolutiva ministerial, parece haber auspiciado la deliberada presión de entidades afines, tal como lo ilustra la NOTA que luce a fs. 97 de fecha 17 de mayo de 1996, remitida al entonces Presidente de la República Argentina, Dr. Carlos Saúl Menen, por el Presidente de la BUENOS AIRES YOGA SCHOOL FOUNDATION CPDA, quien a través de la misma, pone en tela de juicio, el accionar propio de la Justicia argentina, destacando que jueces y camaristas integrantes del Poder Judicial que sustanciaron la causa contra la Fundación que nos ocupa, eran literalmente responsables de la desaparición – de pruebas testimoniales anexadas a la causa por cuerda separada- que favorecían presuntamente a miembros de la entidad«.
«Que, párrafo aparte merece asimismo, la presión ejercida por NOTA de fecha 16 de julio de 1996, remitida nuevamente al Presidente de la Nación por el Presidente de la BUENOS AIRES YOGA SCHOOL FOUNDATION, quien considera el accionar de la justicia argentina como una “lisa y llana persecución a los miembros de las Escuela de Yoda de Buenos Aires, o que “la perfecta ética de nuestra institución que ha resistido treinta allanamientos es una bofetada en la mejilla de nuestros acusadores”¸ y mediante la cual solicita en última instancia “se cierre definitivamente esta causa que nos perjudica a todos los que defendemos la Democracia”. Que por último, el requerimiento realizado por inspectores del organismo dispuesto por el entonces Inspector General de Justicia Dr. CRA a fs. 126, tendiente a ubicar los libros sociales y documentación en poder de la Fundación, tuvo como corolario la sorpresiva respuesta que luce a fs. 133/134 suscripta por los miembros del Consejo de Administración de la Fundación, quienes responsabilizaron directamente al Interventor designado –cargo que jamás llegó a asumir – por el cuidado de la documentación de la entidad, el de sus bienes, y por no haber dado consecución a las actividades propias a su objeto. Que, a partir de allí, la Información Sumaria cayó lamentablemente bajo el manto del olvido, y con ello, la fiscalización permanente que sobre la FUNDACIÓN debió desplegarse«.
Estructura jerárquica y piramidal
Tras conocerse los hechos del año pasado, los allanamientos e iniciada la actuación judicial, la IGJ dispuso la apertura de una actuación sumarial bajo el N° de trámite 9448198. Según se desprende de la investigación, la organización integrada por miembros de la FUNDACIÓN ESCUELA DE YOGA DE BUENOS AIRES, contaría con una estructura jerárquica y piramidal de la que participaban aproximadamente 180 alumnos, repartidos entre sus diversas sedes ubicadas principalmente en las ciudades de Buenos Aires, Las Vegas, Chicago y Nueva York.
Las «clases de yoga» eran utilizadas para captar a los miembros, a los cuales se les pedía que no compartan lo allí sucedido con «los de afuera». También ofrecían sesiones de “coaching filosófico” para las personas que aún no pertenecían a la Escuela y cursos sobre “felicidad personal”, “conocerse a sí mismo” y “liderazgo” y que, a su vez, eran utilizados para dar apariencia lícita a los fondos provenientes de la explotación de los “alumnos”.
Curas de sueño
A su vez, la organización contaba con una «Clínica» denominada “CMI Abasto”, donde se realizaban las denominadas “curas de sueño”. Que allí, según los elementos recabados, se habrían administrado medicamentos para dormir a las personas durante varios días y se las despertaba solamente para comer, pues el objetivo declamado era que “descansaran” correctamente. Que, de acuerdo a la hipótesis de investigación sostenida por el Ministerio Público Fiscal, las “curas de sueño” serían utilizadas por los miembros de la banda para disciplinar y aleccionar a los alumnos que se negaban a cumplir con las órdenes, o tranquilizar a quienes se encontraban alterados o deprimidos. Que en cualquiera de los casos ese tratamiento debía ser costeado por el alumno al que se le impusiera
Estructura financiera
Según se desprende de la investigación judicial, la organización habría conformado una estructura financiera para el blanqueo del dinero obtenido de forma ilícita, como también para el desarrollo de negocios que brinden mayores ganancias.
Para eso, contaría con al menos dos inmobiliarias que eran utilizadas para realizar inversiones vinculadas a bienes inmuebles en Argentina.
Explotación sexual
A través de la Fundación, los jerarcas se dedicaban a captar personas en situación de vulnerabilidad a través de engaños para incorporarlos a la organización con el fin de reducirlos a una situación de servidumbre y/o explotación sexual, construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en Argentina y en Estados Unidos que les permitiría lavar el dinero proveniente de aquellos delitos.
La explotación sexual tenía como uno de sus destinos una clientela VIP, de la cual el recientemente fallecido Carlos Pedro Tadeo Blaquier, empresario ligado a la industria azucarera y a la represión durante la última Dictadura, era uno de sus miembros. Los investigadores también encontraron una serie de escrituras firmadas por Blaquier a través de las que él hacía distintas donaciones a la mujer víctima de explotación sexual por más de un millón de dólares. La hipótesis es que no eran donaciones sino pagos.
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