El Gobierno nacional otorgó una de las autorizaciones regulatorias más importantes para el desarrollo del megaproyecto Vicuña, controlado por las multinacionales BHP y Lundin Mining. La beneficiaria es una empresa cuyo máximo responsable en Argentina es José Luis Morea, un exintegrante del equipo político de Luis Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri, que hoy preside además la Cámara Minera de San Juan. La resolución garantiza durante 25 años el uso preferencial de una infraestructura eléctrica estratégica, pese a las objeciones presentadas por provincias, municipios y otras compañías mineras.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
Del grupo empresario Caputo al mayor proyecto minero del país
La Resolución 330/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), publicada este martes en el Boletín Oficial, constituye uno de los actos administrativos más relevantes para el desarrollo del denominado Distrito Vicuña, que integra los yacimientos de cobre Josemaría y Filo del Sol. Aunque formalmente autoriza la construcción de una nueva infraestructura eléctrica de alta tensión en San Juan, la decisión también garantiza que Vicuña Argentina S.A. tendrá durante 25 años prioridad sobre la mayor parte de la capacidad de transporte que se construirá para abastecer el emprendimiento. Detrás de esa empresa aparece un nombre cuya trayectoria conecta al actual proyecto minero con el círculo político y empresario que rodea al ministro de Economía, Luis Caputo.
El principal ejecutivo de Vicuña en Argentina es José Luis Morea, quien antes de desembarcar en la industria minera desarrolló buena parte de su carrera profesional dentro del universo empresarial de la familia Caputo. Antes de ingresar al Estado había ocupado cargos gerenciales en compañías vinculadas a Nicolás «Nicky» Caputo, empresario de histórica cercanía con Mauricio Macri y primo del actual ministro de Economía. En octubre de 2017, cuando el Gobierno de Cambiemos lo promovió al cargo de Subsecretario de Participación Público Privada, distintos medios destacaron precisamente ese antecedente empresarial y el vínculo previo con el grupo económico de los Caputo.
Su desembarco en la administración pública tampoco fue ajeno a esa relación. En junio de 2017 fue designado Jefe de Asesores de la Secretaría de Finanzas del entonces Ministerio de Finanzas, dependencia conducida por Luis Caputo, mediante el Decreto 807/2017 firmado por Mauricio Macri y el propio Caputo. Apenas cuatro meses después fue ascendido a Subsecretario de Participación Público Privada (PPP) por el Decreto 817/2017, también suscripto por ambos funcionarios. Más adelante integró el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), completando un recorrido dentro del equipo económico de Cambiemos.
A esa trayectoria empresarial y política se suman además, como ya contamos en 2018 en NLI, vínculos familiares con otras figuras de peso del gobierno de Cambiemos. José Luis Morea es sobrino de Javier González Fraga, quien presidía el Banco Nación durante la administración de Mauricio Macri, ya que su padre es hermano de Bárbara Morea, esposa del exfuncionario.
Tras dejar la función pública, Morea pasó al sector minero y terminó convirtiéndose en el principal representante en Argentina de Vicuña, la sociedad creada por las multinacionales BHP y Lundin Mining para desarrollar uno de los mayores proyectos cupríferos del mundo. Desde este año, además, preside la Cámara Minera de San Juan, desde donde participa activamente en la discusión de las políticas públicas para el sector y ha cuestionado iniciativas como la Ley de Proveedores Locales impulsada por la provincia, argumentando que podrían afectar la competitividad y desalentar inversiones internacionales.
Una infraestructura estratégica prácticamente reservada para un solo emprendimiento
La resolución autoriza la construcción de una nueva Estación Transformadora Rodeo de 500/132 kV, otra Estación Transformadora Chaparro de 500/220 kV, una línea de transmisión de aproximadamente 167 kilómetros entre ambas instalaciones y diversas adecuaciones al Sistema Argentino de Interconexión destinadas a abastecer una demanda estimada de 260 MW. Se trata de una infraestructura de enorme magnitud cuya finalidad es garantizar el suministro energético del proyecto minero que impulsan las multinacionales BHP y Lundin Mining, dos de las mayores compañías extractivas del mundo.
Sin embargo, el aspecto central de la resolución no reside únicamente en la autorización de las obras sino en el régimen de utilización de esa capacidad. El ENREGE ratificó que Vicuña Argentina S.A. tendrá prioridad sobre el 90% de la capacidad remanente del corredor Nueva San Juan-Rodeo, sobre el 90% de la nueva línea Rodeo-Chaparro y sobre el 90% de la nueva estación transformadora Chaparro, derechos que permanecerán vigentes durante 25 años. En los hechos, el Estado reserva para un único emprendimiento privado la utilización preferencial de una infraestructura estratégica cuya construcción fue presentada como indispensable para el desarrollo de la actividad minera en la región.
Las objeciones que el Gobierno decidió desestimar
La decisión fue adoptada pese a la existencia de numerosas oposiciones presentadas durante el procedimiento administrativo. Entre quienes cuestionaron el proyecto se encuentran la Provincia de La Rioja, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan, los municipios sanjuaninos de Iglesia, Jáchal y Calingasta, además de empresas mineras con intereses en la misma región, como Andes Corporación Minera, titular del proyecto Los Azules, Golden Mining y Casposo Argentina.
Los cuestionamientos no eran menores. Las presentaciones advertían que reservar semejante proporción de la capacidad de transporte eléctrico podía comprometer el desarrollo de futuros emprendimientos mineros y limitar el acceso de otros actores a la red de alta tensión. También se discutieron los criterios técnicos utilizados para calcular la capacidad disponible y se sostuvo que, en condiciones reales de operación, el margen para nuevos usuarios sería considerablemente inferior al considerado por los organismos nacionales. Pese a ello, el ENREGE rechazó las oposiciones y confirmó íntegramente el esquema de prioridades solicitado por Vicuña.
Un ejecutivo con influencia política y representación empresaria
La figura de José Luis Morea adquiere especial relevancia porque hoy concentra una doble condición. Además de conducir en Argentina el mayor proyecto minero del país, desde este año preside la Cámara Minera de San Juan, entidad que representa institucionalmente a las principales compañías del sector y participa activamente en el debate sobre las políticas públicas vinculadas a la minería.
En ese rol, Morea protagonizó recientemente una fuerte controversia al cuestionar el proyecto de Ley de Proveedores Locales impulsado en San Juan. El ejecutivo sostuvo que establecer preferencias para empresas provinciales podía afectar la competitividad del sector, desalentar inversiones y generar incertidumbre entre los grandes capitales internacionales. Sus declaraciones fueron interpretadas por cámaras empresarias sanjuaninas como una defensa del esquema de contratación promovido por las grandes multinacionales mineras, en detrimento de mecanismos destinados a fortalecer la participación de proveedores locales.
La reunión con Milei y el respaldo al proyecto Vicuña
La resolución también se inscribe en una secuencia política que fortalece el vínculo entre el Gobierno nacional y el emprendimiento minero. Semanas atrás, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a los principales accionistas de Vicuña Corp., entre ellos Jack Lundin, Carlos Ramírez, el CEO Ron Hochstein y el propio José Luis Morea. El encuentro fue presentado oficialmente como una muestra del respaldo presidencial a las inversiones vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al desarrollo del distrito minero de San Juan.
Poco después de aquella reunión, el Estado nacional terminó otorgando la autorización que garantiza durante un cuarto de siglo el acceso prioritario a la infraestructura eléctrica indispensable para el funcionamiento del proyecto. Aunque la resolución se fundamenta en aspectos técnicos y regulatorios, la sucesión de hechos exhibe el lugar central que el Gobierno de Javier Milei asigna al desarrollo de este emprendimiento, considerado uno de los principales generadores de exportaciones mineras para los próximos años.
Una decisión que excede lo técnico
Más allá de su lenguaje administrativo, la Resolución 330/2026 constituye una definición política sobre la asignación de recursos estratégicos. Mientras el Gobierno sostiene que el mercado debe decidir el destino de las inversiones y reducir al mínimo la intervención estatal, el Estado nacional no sólo habilitó la construcción de una infraestructura de alta tensión destinada a un proyecto específico, sino que además garantizó a una empresa controlada por capitales extranjeros el uso preferencial de la mayor parte de esa capacidad durante los próximos veinticinco años. El principal beneficiario local de esa decisión es un ejecutivo que construyó buena parte de su carrera pública junto al actual ministro de Economía, Luis Caputo, antes de convertirse en uno de los hombres más influyentes del negocio minero argentino.
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