Disuelven empresa vinculada a la investigación del Fideicomiso Ciego de Macri

Se trata de Finca Cuchuy S.A., sobre la cual la Inspección General de Justicia detectó numerosas irregularidades.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable

En abril del año pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó que se declare nulo el fideicomiso ciego que había “armado” el expresidente Mauricio Macri, por presentar numerosas irregularidades, detectándose transferencias ilegales por más de 54 millones de pesos a Macri durante su presidencia, de una sociedad en la que participaba accioariamente Juliana Awada, su esposa.

Según indicamos en su momento desde Noticias La Insuperable, el famoso “Fideicomiso Ciego” fue la respuesta pergeñada por Macri para calmar las aguas de los conflictos de intereses evidentes entre su actividad privada y el rol ejecutivo. Pero solo se trataba de papelitos de colores, dada la inexistencia de la figura en la legislación nacional, pero que fueron eficientes con la anuencia de los ríos de tinta de la obsecuencia mediática. Detalle al margen: quien estaría a cargo de la “transparente” operación no sería otro que el tío de Marcelo D’Alessio, quien para entonces todavía se movía por el submundo del espionaje y los aprietes, con su título de falso abogado a cuestas.

Una de las empresas del fideicomiso, Agro G, era una sociedad agropecuaria que, a pesar de no registrar haber pagado nunca honorarios, ni haber repartido nunca ni un dividendo, transfirió 54 millones de pesos de manera directa a Mauricio Macri. Esta transferencia se hizo a través de acciones preferidas (es decir, las que tienen prioridad a la hora de cobrar) y jamás fue anotada en el libro de registro de acciones. Como si fuera poco, esos 54 millones provenían de otra empresa sobre la cual ya hemos hablado en otras oportunidades: «Latin Bio«, y en la que la IGJ detectó una novedosa composición: la participación de Juliana Awada con un 20% de acciones.

Presidente de Latín Bio durante añares fue Alejandro Jaime Braun Peña (primo segundo de Marquitos) y a quien muchos consideran como testaferro de los Macri, para quien ya realizaba operaciones desde 1997 cuando, según consta en la Cédula Parcelaria Matrícula 24.516 del departamento de San Martín (Dirección General de Inmuebles) de la provincia de Salta, llevó adelante la compra de Yuto S.A., la finca “de 20.000 hectáreas, es uno de los emprendimientos de SOCMA SA, la empresa familiar, que ha sido denunciado históricamente por las organizaciones ambientalistas como Greenpace y por las comunidades originarias por la explotación del suelo y el desmonte realizado que viola la ley de Bosques”, según indicábamos en un artículo que escribimos con Gabriela Cerruti para el portal Nuestras Voces, allá por 2017. hablando del desmonte salteño y la permisividad del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey.

Pues bien, Alejandro Jaime Braun Peña “posee” un tendal de empresas que también se relacionan con las de Mauricio Macri por otro detalle: su flojedad de papeles y sus oscuros movimientos de fondos millonarios. Una de ellas: Finca Cuchuy S.A. (ubicada al lado de Yuto), de la cual participaba accionariamente uno de “los grandes amigos de la vida” del expresidente, Pablo Clusellas.

Cuando saltó el escándalo del “Fideicomiso Ciego” y el desvío de fondos del expresidente, la IGJ rápidamente posó su mirada en los negicios de Braun Peña, dado su claro vínculo con Macri. Así, a través de la Resolución Particular N.º 360/2021, fechada el 30 de junio pasado, dieron a conocer las manifiestas irregularidades de esta empresa, constituida con fines agropecuarios en 2007 por los mencionados Braun Peña y Clusellas.

Entre lo más escandaloso podemos mencionar:

– que la misma debería haberse declarado disuelta en 2016 dada la total pérdida de su capital social, según establece el art 94 de la Ley 19,950, pero aún así continuó funcionando.

– que en 2017, a través de una supuesta Asamblea llevada a cabo el 3 de agosto de ese año, la cual nunca se inscribió en la IGJ y que se encuentra “interlineada” en el libro de Actas (o sea, claramente trucha), la sociedad modificó su objeto social.

– En 2018, luego de dos años sin ningún ingreso, de golpe la empresa presenta ganancias y las decide invertir (cosa que no podría haber hecho sin la “asamblea trucha” mediante), en su mayoría, en el Fondo de Riesgo Intergarantías SGR, donde casi desde su misma creación, en el año 2001 participó activamente Alejandro Jaime Braun Peña y una de sus firmas controladas, la sociedad “Cremer y Asociados SA”, en calidad de “socios partícipes”.

Y acá hay que destacar que por decisión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Intergarantías, celebrada el día 29 de Septiembre de 2017, “se decidió la escisión de parte del patrimonio de la sociedad INTERGARANTIAS SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA, a favor de la sociedad INTERAVALES SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA, que se creó en ese acto”, reduciendo aquella su capital social de la suma de pesos 629.000 a la suma de 336.569. Y que la misma fue constituida por Braun Peña, y las ya mencionadas Cremer y Latin Bio, que son de él (¿o de Macri?).

Y exactamente sobre este negocio de las SGR y Braun Peña en calidad de “supuesto” testaferro del expresidente, hice mención en este mismo portal en julio de 2018 cuando, totalmente ninguneado por la prensa amiga, se publicaba el Decreto 699/2018 que llevaba la firma de Macri, de su Jefe de Gabinete Marcos Peña, del ministro de Producción Dante Sica y del de Hacienda, Nicolás Dujovne, con el loable objeto de lograr la “eliminación y simplificación normativa de diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y la actividad agroindustrial”, el ejecutivo dictaba una nueva reglamentación de la Ley N.º 24.467 sobre Sociedades de Garantía Recíproca. Y allí anticipábamos lo que la IGJ detectó años más tarde en cuanto a los “nuevos negocios” del mismo Braun Peña, Mauricio Macri y las SGR.

Así, la IGJ resolvió en junio pasado promover acción de nulidad por actividad ilícita contra la sociedad Finca Cuchuy S.A.; declarar la irregularidad e ineficacia de lo resuelto en la “asamblea trucha” del 3 de agosto de 2017 y dar intervención a la Secretaría de Pymes para que investigue lo turbio de la relación de Finca Cuchuy S.A. y las SGR.

Pues bien, como manotazo de ahogado, Braun Peña, en septiembre pasado, cuatro años después de lo que correspondía, hizo publicar a través del Boletín Oficial la modificación estatutaria de la “asamblea trucha”.

Finalmente, ya sin mucho que hacer y “limpiando papeles” que cada día queman más, hace poco más de un mes y medio, disolvió la empresa.

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