EXCLUSIVO: La IGJ multó a Juliana Awada y la intima a dar explicaciones

Es por sus supuestas acciones en una empresa vinculada al Fideicomiso Ciego de Mauricio Macri

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable

Ya por abril del año pasado hacíamos mención en este portal a Latin Bio, sindicándola como “la empresa que pone a Macri contra las cuerdas en la Justicia”, en referencia a las oscuras maniobras en la que era partícipe a través del llamado “Fideicomiso Ciego” que había armado el entonces presidente de la Nación.

El famoso “Fideicomiso Ciego” fue la respuesta pergeñada por Macri para calmar las aguas de los conflictos de intereses evidentes entre su actividad privada y el rol ejecutivo. Pero solo se trataba de papelitos de colores, dada la inexistencia de la figura en la legislación nacional, pero que fueron eficientes con la anuencia de los ríos de tinta de la obsecuencia mediática. Detalle al margen: quien estaría a cargo de la “transparente” operación no sería otro que el tío de Marcelo D’Alessio, quien para entonces todavía se movía por el submundo del espionaje y los aprietes, con su título de falso abogado a cuestas.

El paciente trabajo de la IGJ detectó ahora que, dentro de dicho fideicomiso integrado sólo por empresas de menor jerarquía dentro del patrimonio declarado de Macri (tan solo componían un 40% del mismo), se hallaban cuatro sociedades –Agro G S.A, Cuatro Leguas S.A, Molino Arrocero Guayquiraro S.A y María Amina S.A– y la participación en el Fideicomiso Inmobiliario Caminito. Para la IGJ estas cuatros sociedades no son «verdaderas sociedades», ya que las mismas no daban dividendos, los estados contables «no tenían memoria», las actas de directorio no llevaban firma, y las asambleas eran siempre unánimes.

Una de estas, Agro G, una sociedad agropecuaria que, a pesar de no registrar haber pagado nunca honorarios, ni haber repartido nunca ni un dividendo, transfirió 54 millones de pesos de manera directa a Mauricio Macri. Esta transferencia (que suena a lavado) se hizo a través de acciones preferidas (es decir, las que tienen prioridad a la hora de cobrar) y jamás fue anotada en el libro de registro de acciones. Como si fuera poco, esos 54 millones provenían de la ya mencionada Latin Bio.

En la práctica, Latin Bio le daba un cheque a Agro G, y luego ese cheque iba directamente al Fideicomiso Ciego de Macri: ¿Lo irregular? la IGJ detectó una novedosa composición: la participación de Juliana Awada con un 20% de acciones “clandestinas” de Latin Bio (192.375 acciones). La mayoría accionaria estaba en manos de un viejo conocido de la casa, sindicado por muchos como “testaferro” de Mauricio Macri: Alejandro Jaime Braun Peña.

Con fecha 25 de junio de 2021 la IGJ resolvió, entre algunas cuestiones:

1) disponer la fiscalización estatal limitada con respecto a la sociedad LATIN BIO SA, en los términos y con los alcances previstos en el artículo 301 párrafo 2 de la LGS;

2) declarar irregular e ineficaz a los fines administrativos y con los efectos previstos por el art. 6 inciso f) de la Ley 22315 la asamblea general ordinaria de la sociedad celebrada el 3 de mayo de 2019, cuya celebración ha sido invocada como de carácter unánime, por carecer el libro de asistencia a asambleas de las firmas de los accionistas María Juliana Awada y del representante de la sociedad AGRO G (AGROPECUARIA DEL GUAYQUIRARO) SA;

3) requerir documentación e información en los términos del artículo 6 incisos a) y b) de la Ley 22315 a LATIN BIO SA, AGRO G (AGROPECUARIA DEL GUAYQUIRARO) SA y a María Juliana Awada (o sea, cómo y cuándo se hizo de estas acciones).

Latin Bio y Agro G enseguida apelaron la Resolución de la IGJ. Luego, el 13 de agosto, por Carta Documento, la IGJ le envió un resumen de lo resuelto a la esposa de Mauricio Macri, dejando constancia que el texto completo de la resolución se encontraba a disposición de la ex Primera Dama en el Organismo.

Poco después, el 3 de septiembre, la Inspección General de Justicia recibió una Carta Documento con la respuesta de Juliana Awada, quien rechazó de pleno la misiva del 13 de agosto en todos sus términos por resultar la misma totalmente improcedente. Manifiestó Awada que “la actuación sumarial que allí refiere no alcanza ni comprende a mi persona, por lo cual aplicar las sanciones de mi presunto incumplimiento, excede las facultades de este organismo y deviene manifiestamente improcedente”, expresando también que ella no es “una persona jurídica por lo cual se encuentra absolutamente fuera de su jurisdicción y competencia”.

Una semana más tarde, pero sin que ningún medio lo difundiera, la IGJ le labró una multa a Juliana Awada de $ 100.000.- (el máximo que puede multar por este concepto), intimándola además a que “acompañe copia del contrato de transferencia de acciones mediante el cual se convirtió en accionista de LATIN BIO SA e informe si continúa siendo accionista de dicha sociedad, bajo apercibimiento de aplicar sanciones”.

Según pudo saber este portal, al parecer la ex Primera Dama aún no se hizo cargo de la multa y el tema lo están manejando sus abogados, mientras la causa del Fideicomiso Ciego avanza en la Justicia. Por ahora, Latin Bio sigue poniendo a Macri contra las cuerdas…

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