Eduardo Enrique Massera, hijo mayor del genocida Emilio Eduardo Massera, no podrá viajar por Europa y deberá afrontar un nuevo juicio oral por una causa que investiga el robo y la apropiación de bienes pertenecientes a personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura. La decisión del Tribunal Oral Federal 5 vuelve a poner sobre la mesa una dimensión menos visible, pero central, del terrorismo de Estado: la persecución económica de las víctimas y el destino de sus patrimonios después del secuestro.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La noticia podría ser presentada apenas como una restricción migratoria que afecta a uno de los hijos de un antiguo jefe de la Armada. Pero reducirla a eso sería perder de vista el verdadero núcleo de la cuestión. Eduardo Enrique Massera está procesado en una causa que forma parte de la investigación sobre el despojo de bienes de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, y el Tribunal Oral Federal 5 acaba de rechazar el pedido para que pueda salir del país, al mismo tiempo que fijó la realización de un nuevo juicio oral. El proceso lo tendrá como acusado junto con otros imputados, entre ellos Jorge Eduardo Acosta, Juan Antonio Azic, Alberto Cavallo, Adolfo Donda y Jorge Radice.
La decisión judicial tiene una importancia que excede largamente el itinerario europeo que Massera hijo pretendía realizar. Lo que está en discusión es qué ocurrió con los bienes de quienes fueron secuestrados, torturados y desaparecidos por el aparato represivo de la dictadura, y hasta qué punto las estructuras económicas que acompañaron aquella maquinaria de terror pueden ser reconstruidas y juzgadas décadas después. Porque el terrorismo de Estado no consistió solamente en hacer desaparecer personas: también implicó apropiarse de sus propiedades, empresas, cuentas, campos, vehículos y otros bienes, muchas veces mediante mecanismos destinados a borrar las huellas del despojo.
Cuando desaparecer también significaba quedarse con todo
La dimensión patrimonial de la represión fue durante mucho tiempo una de las zonas menos visibles de las investigaciones sobre la dictadura. La desaparición forzada pretendía borrar al ser humano de la vida pública, pero detrás de esa desaparición podía producirse también la desaparición jurídica y económica de aquello que esa persona poseía. El cuerpo era ocultado; la identidad era negada; los bienes podían cambiar de manos.
En el caso que llega nuevamente a juicio aparecen justamente esas dos dimensiones inseparables: la violencia política y el beneficio económico. El proceso investiga el destino de bienes de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado y coloca bajo análisis judicial la eventual responsabilidad de quienes habrían intervenido en esas operaciones. Por eso el expediente no puede ser leído como una discusión privada sobre una herencia familiar o como una controversia comercial aislada: se inscribe en la trama mucho más amplia de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
La propia trayectoria histórica de Eduardo Enrique Massera permite comprender por qué el apellido sigue apareciendo en investigaciones vinculadas con ese universo. Su padre, Emilio Eduardo Massera, fue uno de los integrantes de la Junta Militar que tomó el poder en 1976 y comandante de la Armada durante buena parte del período más feroz de la represión. En el Juicio a las Juntas fue condenado a prisión perpetua por numerosos delitos cometidos desde el aparato represivo, y posteriormente fue alcanzado por las leyes de impunidad hasta que la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad permitió volver a juzgar ese pasado.
Pero existe algo todavía más importante desde una perspectiva de derechos humanos: la responsabilidad penal es individual. El parentesco con un represor no convierte automáticamente a una persona en culpable de los crímenes cometidos por su padre. Lo que debe establecer la Justicia, con pruebas y mediante un debido proceso, es si cada acusado tuvo participación concreta en los hechos que se investigan. Precisamente por eso la realización del juicio resulta fundamental: porque frente a delitos de esta naturaleza no alcanza con las sospechas, pero tampoco puede aceptarse que el paso del tiempo transforme la impunidad en una forma de prescripción moral.
Un apellido que vuelve a aparecer en una vieja trama de poder
La Insuperable ya había reconstruido en diciembre de 2022 parte de las relaciones empresariales y políticas que rodearon a integrantes de la familia Massera. En aquella investigación se documentó la participación de Emilio Esteban y Eduardo Enrique Massera en VANEXVA S.A., una sociedad cuyo recorrido había sido relacionado con el entramado financiero de la familia del almirante. La investigación también reconstruía los vínculos de ese universo empresarial con Fernanda Dina Bendinelli y Guillermo Héctor Ferrero y señalaba conexiones posteriores con sectores del poder político y judicial porteño.
Aquella publicación de NLI debe ser leída como lo que fue: una investigación periodística sobre relaciones societarias, familiares y políticas, y no como una sentencia judicial. Pero adquiere particular interés retrospectivo porque muestra hasta qué punto el nombre de los hijos del dictador apareció asociado, durante décadas, a redes económicas que se habían desarrollado en torno del poder construido durante la dictadura y sus posteriores ramificaciones.
El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el expediente actual desde la perspectiva de los derechos humanos. La discusión ya no es solamente quién estuvo cerca de quién, quién integró una sociedad o quién mantuvo determinado vínculo político o empresarial: la Justicia debe determinar si hubo participación concreta en el despojo de bienes pertenecientes a víctimas del terrorismo de Estado.
Y ahí aparece una cuestión histórica fundamental. La dictadura no fue únicamente una maquinaria clandestina de secuestro y exterminio. También fue un régimen que permitió que determinadas personas fueran despojadas de sus bienes mientras estaban detenidas-desaparecidas, privadas de cualquier posibilidad de defenderse. En algunos casos, esos bienes terminaron en manos de integrantes o allegados al propio aparato represivo.
Justicia, memoria y reparación
El nuevo juicio tiene entonces una importancia que excede a Eduardo Enrique Massera y al resto de los acusados. La búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura no se agota cuando se establece quién secuestró, torturó o asesinó. También alcanza a quienes pudieron beneficiarse de la maquinaria represiva y a los mecanismos económicos utilizados para completar el despojo de las víctimas.
La restricción para salir del país tampoco debe confundirse con una condena anticipada. Massera deberá enfrentar un proceso judicial y conservará las garantías correspondientes a cualquier acusado. Pero justamente porque se trata de un proceso vinculado con delitos de lesa humanidad, el Estado tiene la obligación de asegurar que el juicio pueda realizarse y que los imputados permanezcan sometidos a la jurisdicción argentina. La decisión del TOF 5 va en esa dirección al impedir que el acusado abandone el país antes de la realización del debate oral.
Hay además una razón profundamente humana para insistir en esta dimensión. Detrás de cada patrimonio investigado hubo una persona que desapareció. Hubo familias que no volvieron a ver a sus hijos, padres, hermanos o compañeros. Hubo casas, empresas, campos y cuentas bancarias cuyos titulares fueron arrancados violentamente de la sociedad. Y hubo, en demasiados casos, familiares que además de buscar durante décadas los restos de sus seres queridos tuvieron que intentar reconstruir qué había ocurrido con aquello que les pertenecía.
Por eso el juicio que se aproxima no es una pieza arqueológica de la historia argentina. Es parte de una discusión todavía abierta sobre memoria, verdad, justicia y reparación, cuatro palabras que no pueden separarse cuando se habla de terrorismo de Estado. La democracia argentina construyó, con enormes dificultades, una doctrina judicial que permitió que los crímenes de lesa humanidad fueran investigados incluso décadas después de cometidos. Cada nuevo proceso demuestra que aquella decisión no fue solamente jurídica: fue una definición política y ética de la sociedad democrática.
El apellido Massera vuelve así a aparecer ante un tribunal, pero esta vez el centro no está en el almirante que comandó la ESMA ni en la historia de la Junta Militar. Está en los bienes de quienes fueron desaparecidos y en la pregunta incómoda acerca de quiénes se beneficiaron con su ausencia. La democracia puede tardar, puede avanzar con interrupciones y puede enfrentar intentos de relativización del pasado, pero una sociedad que sostiene el derecho a la verdad no puede aceptar que el tiempo convierta el saqueo de las víctimas en un capítulo cerrado.
Porque cuando una persona es secuestrada y desaparecida, el crimen no termina necesariamente con su desaparición física. También existe la obligación de investigar qué ocurrió con su identidad, con su familia, con su patrimonio y con todos aquellos derechos que la dictadura intentó borrar junto con su existencia. Que casi medio siglo después un tribunal vuelva a sentar a los acusados frente a un juez demuestra que la memoria democrática argentina, con todas sus dificultades, todavía tiene una deuda que no piensa dejar prescribir.
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