La solidaridad en la mira

Por Alejandro Enrique para Nuestras VocesGoogle+Un sistema solidario implica compromiso con el bien común. También con la inclusión. Las aspiraciones concretas de elevar los niveles de vida de la población en general, reducir la pobreza y garantizar el acceso a los servicios de salud y educación se diluyen cuando la solidaridad está en la mira de las armas burocráticas. La equidad entendida como similitud de oportunidades y evaluación de méritos que no considera puntos de partida, herencias materiales ni simbólicas, es simplemente un subterfugio retórico para ocultar fobias elitistas a pronunciar la palabra igualdad. 

La reparación histórica no sólo fue el envoltorio del caballo de Troya de un blanqueo a medida que los legisladores simularon no advertir, sino que, además, representó el comienzo del fin del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional . Se creía, a priori, que las defensas normativas del FGS eran suficientes y constituían un blindaje. Pocos meses bastaron para demostrar lo contrario. Ningún blindaje es inmune a la erosión coordinada de leyes, decretos, resoluciones y decisiones administrativas de impacto directo e indirecto.

Un marco normativo, legal, importa como basamento de legitimidad formal, pero resulta evidente, cuando se habla de previsión y bienestar social, que las decisiones políticas son determinantes por el simple hecho de estar fundamentadas en valores, más allá de las formas y justificaciones circunstanciales. En este caso, el valor de jerarquía superior es el de la solidaridad. Si ese espacio lo ocupa un valor distinto, antagónico, como en la actualidad, la estructura axiológica del sistema previsional se derrumba.

El FGS puede languidecer o extinguirse a la par del resto de los componentes. En definitiva, todo queda supeditado a la fuerza que los actores políticos tengan para imponer una u otra jerarquía de valores. Es una cuestión de filosofía política. A la filosofía, detrás de escena, le corresponderá la definición axiológica; a la política, frente al público, las justificaciones teñidas de aparente sentido común y pragmatismo.

El FGS es un fondo soberano de inversión que tampoco depende exclusivamente del contexto normativo, sino también de la calidad de los activos financieros que lo constituyen y de una administración —en este caso a cargo de la ANSES— idónea para lograr rendimientos óptimos sin perder de vista que sus fines están ligados al bienestar social en el mediano y largo plazo.

El análisis de la información disponible respecto del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en general, y del FGS en particular, permite determinar una merma de calidad administrativa y de prestaciones durante la gestión de Cambiemos. Esta merma parece relacionarse mucho más con las intenciones políticasque con la idoneidad de los funcionarios a cargo. También, por supuesto, con los intereses que pretenden favorecer y que los incluye material o ideológicamente a través del modelo de corrupción PRO.

Los componentes nucleares de la red de previsión y bienestar social argentina son la ANSES, la SRT, la Comisión Nacional de Pensiones y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP, ex PAMI). Todos ellos han sido protagonistas de noticias desalentadoras o indignantes en los últimos meses. No es casualidad. Tras la rimbombante pero falsa reparación histórica apareció la primera punta de iceberg: el PAMI de los recortes fundacionales de Regazzoni.

Después, con simultaneidad pasmosa, se multiplicaron las medidas que afectaron sin piedad a jubilados, pensionados, carecientes y discapacitados. La metodología que en educación anticipó Esteban Bullrich para doblegar sindicatos y gremios se extrapoló al ámbito previsional sin titubeos ni escrúpulos, con la ventaja que implica despojar a un colectivo vulnerable y heterogéneo que, sin embargo, comparte la imposibilidad de la huelga.

Un sistema solidario implica compromiso con el bien común. También con la inclusión. Las aspiraciones concretas de elevar los niveles de vida de la población en general, reducir la pobreza y garantizar el acceso a los servicios de salud y educación se diluyen cuando la solidaridad está en la mira de las armas burocráticas. La equidad entendida como similitud de oportunidades y evaluación de méritos que no considera puntos de partida, herencias materiales ni simbólicas, es simplemente un subterfugio retórico para ocultar fobias elitistas a pronunciar la palabra igualdad, incluso en contextos discursivos ligados a la utopía o a las aspiraciones a largo plazo. La caída de un valor fundamental del bienestar social y del campo previsional, que contiene a tantos ciudadanos, no tarda en proyectarse ampliamente.

No es inverosímil, aunque cueste aceptarlo, que el bienestar o padecimiento de millones de compatriotas sea una cuestión que se dirima en el campo de la filosofía que sustenta las políticas de estado. Un campo, desde luego, que nada tiene que ver con personajes esperpénticos como los que el marketing partidario, mediático y efectista, nos ha presentado como filósofos o pensadores comprometidos con el cambio.

Si el nuevo sistema de valores se consolida sin real oposición, en un territorio más amplio, el de la cultura, se forjarán las adhesiones hasta lograr naturalizar un modo de vida ajustado a pautas acordes con la fisonomía del nuevo sentido común distributivo —individualista y engañosamente meritocrático—, con la aceptación sin cortapisas de sus límites y su número reducido de destinatarios.

@ale_enric

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