Claves discursivas de la guerra jurídico-mediática o lawfare

Por Alejandro Enrique para La Insuperable ·

Lawfare es el abuso de la Ley para obtener fines tradicionalmente logrados a través de la guerra.” Julian Assange

En su prehistoria semántica, la contracción lawfare (inglés law + warfare) tenía un significado bastante acotado a las relaciones internacionales. Se la usaba principalmente para referirse  a los embates legales de un país contra sus enemigos, sobre todo en cuestiones militares o de política exterior. Aunque no figurase en el tradicional Diccionario de Oxford, otros de renombre, como el Collins, sí la incluían.

Con el avance de las políticas neoliberales en el mundo y las restauraciones conservadoras pseudo-democráticas  en Iberoamérica, se extendió el uso de esta palabra, que incorporó más acepciones. En el sitio web nolawfare.com se la define, en primer término, como “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, para destruir la imagen pública o para inhabilitar a un adversario político”, aunque se amplía su significado y alcances, —en virtud de que “Actualmente el LawFare está siendo utilizado a escala mundial en gobiernos con proyectos económicos neoliberales para distraer y dividir a los sectores sociales que se ven afectados críticamente por estas políticas.”—  a una decena de abusos que en la actualidad se llevan a cabo a través de elementos venales, al servicio de intereses que nada tienen que ver con la justicia ni con la información de calidad, presentes en el poder judicial, las empresas de multimedios y otras organizaciones con poder de decisión o influencia en la opinión pública.

La guerra jurídico-mediática cobró relevancia en la prensa internacional a raíz de las repetidas e insoslayables persecuciones judiciales que en Latinoamérica difundieron con parcialidad los medios de comunicación más poderosos. El artículo de opinión de Andy Robinson para La Vanguardia, por ejemplo, se titula “Condena a Lula: ¿Estado de derecho o ‘lawfare’?” y resume la situación analizada de la siguiente forma: “Para lograr el rechazo del habeas corpus a Lula, medios de comunicación, poderosos ministros del gobierno, movilizaciones en la calle y el ejército presionaron al Tribunal Supremo en una defensa contradictoria del Estado de derecho y la independencia judicial”.

Antes del encarcelamiento del expresidente brasileño Lula, en enero de este año, Mark Weisbrot escribía en The New York Times que “La evidencia contra el Sr. da Silva está muy por debajo de los estándares que se tomarían en serio” en una nota que se titulaba “La democracia de Brasil empujada al abismo”, cuando todavía no se sospechaba que el ejército también tomaría partido ominosamente.

Aunque los significados y usos de esta contracción gramatical inglesa hayan evolucionado a lo largo de varios siglos —los exégetas del vocablo lo han rastreado sin grandes obstáculos hasta el siglo XVII—, la connivencia entre fuerzas armadas, poder judicial, económico y medios de comunicación no representa una novedad en la política regional. Más bien se trata de una tradición en la que se registran solo algunas cesuras.

Un sinnúmero de antiguas prácticas e ideas vetustas han sido calificadas en nuestros días como nuevas, en un intento de presentarlas como creaciones originales o versiones positivas, perfeccionadas en todos sus aspectos, de lo que antes se consideraba superado a fuerza de experiencias nefastas. También han cobrado notoriedad intelectualizaciones sesgadas que pretenden ligar a conceptos de dudosa profundidad términos tales como posverdad.

Más allá del porqué de la imposición de una u otra denominación, sin detenerse en el análisis de la intencionalidad político-discursiva de su uso reiterado, en el conjunto o corpus se destaca la centralidad de términos como nueva derecha o derecha moderna, derecha democrática, nueva política, equipos meritorios, gestión realista, eficaz y transparente, que se contraponen a resignificaciones negativas de populismo, —palabra comodín que también alterna con Estado de Bienestar— enlazada invariablemente a todo lo antiguo, insustentable, corrupto, antidemocrático, ineficiente e indeseable.

Por más que la denominación lawfare resulte gráfica, cómoda y sintética para describir persecuciones abiertamente irregulares, no deja de ser otro ladrillo en la edificación eufemística de la realidad contemporánea. Los recortes de los hechos que siembran dudas sistemáticas, no cartesianas, se benefician con la erradicación de palabras como injusticia, proscripción y arbitrariedad, contundentes y relacionadas con una historia que se repite cíclicamente.

Las viejas prácticas conservan su esencia pero exigen a sus beneficiarios formas de ejecución distintas a las tradicionales, adecuadas al contexto actual, como sucede con la renovada censura. La derecha logró el objetivo de afincarse por el voto en las administraciones públicas de la mayoría de los países de Iberoamérica y, por añadidura, necesita ampararse en una fachada democrática que legitime formalmente su permanencia.

El sostén discursivo con terminología propia es básico para la extensión de la hegemonía política de los grupos que representan intereses minoritarios, así como también un plus de preponderancia en el terreno comunicativo, un activo cultural de uso preferente tras el botín rapiñado de manera inédita en las urnas. Sin este andamiaje, sumado a connivencias intra y extramuros, tanto las persecuciones jurídicas con amplificación mediática como otras aberraciones generarían inmediato repudio generalizado.

Poner al descubierto el entramado de engaños que posibilitó este ascenso sin precedentes a través de elecciones —que se presumen, hasta ahora, regulares en algunos de esos países— es tan difícil como desestructurar la fachada de apariencia democrática que relega a segundo plano las prácticas espurias, persecutorias, antidemocráticas y de carácter proscriptivo que a diario impulsan los gobiernos que se identifican con la benévola etiqueta de nueva derecha. El muro, como fortificación hecha de palabras, frases y construcciones verbales que no se corresponden con realidades ni auténticos conceptos, aventaja en solidez a los materiales simbólicamente más resistentes.

La disidencia, los movimientos populares y el periodismo alternativo o en verdad independiente, hasta el momento, no han logrado superar esta fortaleza verbal amurallada. El trabajo discursivo de los medios dominantes profundiza la naturalización del lenguaje impuesto. Las redes de ONG comprometidas con el conservadurismo, al amparo de la representación autoproclamada de la sociedad civil, bregan por convertirlo en estándar de intercambio académico-tecnocrático, en sintonía con organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y el FMI, entre otros.

La oposición política formalmente constituida en partidos, en actitud defensiva constante frente a los embates judiciales y de la prensa adicta a los nuevos regímenes de apariencia blanda, legitima este mismo lenguaje a través del uso, sin cuestionar terminología ni significados. Implícitamente, el marco referencial de discusión entre oposición y oficialismo privilegia la visión conservadora, elitista, de un vocabulario inserto con habilidad en el discurso  dominante, que desvaloriza de antemano,  por sus connotaciones, cualquier disidencia.

El léxico del conservadurismo, con sus ramificaciones tecno-economicistas incluidas, es una amenaza cierta para las descripciones inteligibles de la realidad política contemporánea.  En cierta forma parece haberse constituido en el reemplazo de los circunloquios que en el pasado reciente caracterizaron  a lo que se dio en llamar el discurso políticamente correcto, de bajo compromiso pero eficacia retórica.

La defensa letrada de Lula da Silva, desde el vamos, usó la palabra lawfare para describir con concisión el ataque legal carente de pruebas al ex mandatario. Cristina Fernández se esmeró en explicar a través de las redes sociales el alcance conceptual del término. Intelectuales y representantes de diversas organizaciones se preocuparon por determinar en qué consistía la desleal práctica reducida a un significante que aparecía cada vez con más frecuencia en los medios alternativos, en consonancia con la prensa internacional. Esfuerzos  loables, sin duda, ante una realidad discursiva cada vez más intrincada.

No obstante, cabría preguntarse si palabras como lawfare, en principio de connotación poco favorable para los nuevos regímenes, que a primera vista podrían parecer recreadas para uso intensivo en una época de poder atencional reducido por la inmediatez informativa, no serían el complemento necesario de un corpus anodino, de bajo impacto conceptual —demandan el trabajo de explorar una red de definiciones variadas, discutidas y hasta contradictorias— cuando se trata de caracterizar sus prácticas corruptas,  el que en definitiva impone un conservadurismo triunfante, hoy a caballo de la finanza y la corrupción estructural, que ha logrado naturalizar como aceptables a través del lenguaje un amplio repertorio de iniquidades.

Claves
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