Sin la armonía de lo prohibido: la nueva censura

Por Alejandro Enrique para La Insuperable

 

La idea de la censura institucionalizada aún permanece ligada a símbolos coma las tijeras, los listados de libros prohibidos o las escenas de Bertolucci vistas en una escapada a Montevideo. Las consecuencias de la moralina taxativa de grises funcionarios aún perviven en el anecdotario de los mayores: unas veces, con nostalgia digna de Cinema Paradiso, evocan privaciones visuales que asombran a los más jóvenes; otras, sin halo de ensueño, desempolvan veladas de onda corta con el oído puesto en la Nóblex Siete Mares o el recuerdo de los ansiados boletines de Ariel Delgado en Radio Colonia. Viejas postales de la mítica mano dura argentina, en sintonía con vigías de occidente llamados Trujillo, Somoza, Pinochet, Bordaberry, Oliveira Salazar y Franco, entre tantos otros abnegados custodios del recto vivir. En definitiva, una armonía explícita de lo prohibido con perfectas correspondencias entre fondo y forma, entre supresión y carácter del gobierno.

La edad dorada de la censura, con su burocracia plena, generadora de empleo en oficinas desbordantes de tareas, con eufemísticas pero pomposas denominaciones como “asesoría literaria”, difícilmente vuelva a deslumbrarnos con sus pergaminos oficiales. Hay que resignarse, aceptar que siempre, desde Catón el Viejo hasta Miguel Paulino Tato, el arte de proscribir partidos e ideas políticas, excluir personas, disciplinar creadores y mutilar la comunicación, registró innovaciones orientadas al regodeo enaltecedor de la prohibición o, por el contrario, al disimulo enjaezado con enfáticas condenas al libertinaje pero loas a la libertad, en especial la de comercio.

Los líderes de la modernidad conservadora hispanohablante, de Rajoy a Lenín Moreno y de Peña Nieto a Macri, en el marco de un mundo inmerso en el constante avance de las TIC, se han aferrado a vocablos comprometedores: libertad individual, honestidad, innovación, orden, prosperidad, modernización, cambio, nueva política, gestión, mérito… La censura institucionalizada sería para ellos el equivalente a presentar las imágenes de sus montajes cotidianos de política minimalista en fotografías sepia.

La solución local para no renunciar a esta herramienta tradicional e imprescindible para cualquier heredero del conservadurismo —amante de lo liberal solo para la economía y con aspiraciones a consolidar una neo-aristocracia—, es tan sencilla como volátil para construir discursos de denuncia opositora: se acopla sin esfuerzo, como un engranaje más, a la estrategia amplia de ajuste y paulatina sustracción de recursos, bienestar general y derechos ciudadanos. Como en La carta robada de Poe, la censura está a la vista, en el lugar desechado por evidente, donde tradicionalmente supo estar, tal cual la epístola cuya búsqueda desesperaba a los investigadores: bien escondida en el lugar más visible y natural, el tarjetero.

Desde los primeros días de gobierno, Cambiemos abonó el terreno para la nueva censura con los despojos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desmembrada por decreto. LAWFARE, la “guerra jurídica” o distorsión de la Justicia con soporte difamatorio mediático, se instauró plenamente como en Brasil, Paraguay y otros países, a caballo de fraudes como el de Honduras e imposturas como la de Lenín Moreno en Ecuador. Clima regional propicio nada casual, signos de época con cambios retrógrados para un macrismo blindado y punitivo.

Así como las investigaciones de Guillermo Delgado Jordan publicadas aquí, en Noticias La Insuperable, y en el portal Nuestras Voces, pusieron en primer plano la existencia de una red de redes familiar, societaria y neo-aristocrática, propulsora de un modelo prebendario de negocios —compatible con una muy aceitada corrupción sistémica en perjuicio del estado—, también la nueva censura se acopla a esa telaraña con nodos especializados, más o menos expuestos, de acuerdo con su dinamismo polifuncional.

El mapa de la nueva censura tiene sus núcleos distribuidos en los tres poderes del estado y en corporaciones específicas: los más expuestos, en los poderes ejecutivo y judicial; los más solapados, en el legislativo, los medios monopólicos y las ONG. El grado de exposición se relaciona con la toma de decisiones inocultables, no con el trabajo de formación de la opinión pública antes o después de los hechos consumados, es decir, la preparación del terreno, el apoyo irrestricto, los recortes de la realidad y la posterior justificación. Los medios se escudan tras la vocación de informar; las ONG, tras sus altruismo e independencia teóricos, fundacionales. Los legisladores, tras la letanía de garantizar gobernabilidad. Habría que agregar un grupo Inclasificable pero muy activo: el de los diplomáticos que se han constituido en inquisidores extramuros, recreando el cuco setentista de la campaña anti-argentina.

Sobre el poder judicial específicamente, los analistas locales y extranjeros vienen llamando la atención no solo sobre LAWFARE sino también respecto del riesgo de confundir un valor como la justicia con el peligroso accionar para las democracias de grupos de jueces venalmente parciales, entregados a intereses corporativos. Para ilustrar con dos ejemplos, puede citarse a Miguel Croceri, que en abril de 2016, tomando los casos de Argentina y Brasil, lo advertía en su nota “La nueva función antidemocrática de las corporaciones judiciales”, y a Mark Weisbrot del NYT a través de un reciente artículo, “La democracia de Brasil empujada al abismo”, en el que sin cortapisas afirma que “La evidencia contra el Sr. da Silva está muy por debajo de los estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial de los Estados Unidos.”, sentencia perfectamente extrapolable al contexto nacional.

La flor y nata de la nueva censura, desde luego, se encuentra en el Ejecutivo. La Jefatura de Gabinete de Ministros, de la que dependen el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos —creado ni bien asumió la presidencia Mauricio Macri y entregado cual trofeo al ex Grupo Sushi Hernán Lombardi— y la Secretaría de Comunicación Pública, es uno de los centros de operaciones más activos .

El ENACOM, formalmente autárquico pero bajo la égida del Ministerio de Modernización, funciona como un filtro selectivo para favorecer la concentración: aplica una burocracia despiadada, arbitraria, nada más que cuando se trata medios comunitarios o alternativos, a los que castiga, de paso, con sub ejecuciones draconianas. Para verlo en cifras de 2017, basta con el emblemático FOMECA: de los $ 25.600.000 del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual, ENACOM solo ejecutó $ 9.642.644.

Las fuerzas del orden comprendieron con rapidez que los medios independientes eran un obstáculo a remover. Por cierto, hasta ahora no se han negado a colaborar. En el espectacular operativo de seguridad montado por la Policía de la Ciudad en los alrededores del Congreso, detuvieron a cuatro integrantes de FM La Patriada y a un fotógrafo de Diario Popular. Bárbara Leiva, fotógrafa del portal notas.org.ar, recibió siete perdigonazos de bala de goma en las piernas. No se trata de casos aislados: el listado de hechos similares, anteriores y posteriores a diciembre de 2017, es amplísimo.

La nueva censura tiene raíces tan antiguas como la nueva derecha, en la que conviven desde hace muchas décadas neoconservadores y neoliberales. Ya en 1987 Sara Morgenstern de Finkel señalaba que estas corrientes podían coexistir en una misma administración por estar ambas convencidas de la necesidad de restaurar la disciplina social a cualquier costo. Desde esa época las fundaciones vinculadas al gran empresariado comenzaron la tarea de diagnosticar y proponer cambios en lo político-administrativo, económico e, incluso, con apoyo del Banco Mundial, en el ámbito educativo, restándole brillo al tradicionalismo católico.

En nombre de la sociedad civil, con apariencia de neutralidad, Fundaciones, organismos internacionales y ONG en general sostienen desde hace mucho tiempo atrás las propuestas de la nueva derecha. No se trata únicamente de difusión, por supuesto. Vale la pena retrotraerse a dos casos importantes que influyeron en la economía y en la política de la región. El primero, lejano pero aún con resonancia: la dolarización de Ecuador y el funesto feriado bancario de principios de 2000, cuando Jamil Mahuad era Presidente y Jaime Durán Barba Secretario de Administración Pública. El segundo, calificado como escándalo, es reciente: “Doing Business”, Banco Mundial y Chile.

En la década del noventa los académicos Steve Hanke y Kurt Schuler recorrían el mundo promoviendo la dolarización en distintos países con un proyecto denominado Caja de Conversión que, en Argentina, se tradujo en la recordada convertibilidad del uno a uno. Sus actividades —lobby a tiempo completo— eran financiadas por “think tanks” como el International Center for Economic Growth y el Atlas Economic Research Foundation. En Ecuador los albergaba Dora de Ampuero, que en 1991 había fundado en Guayaquil la organización sin fines de lucro Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Finalmente lograron que el país dolarizase su economía en medio de una aguda crisis. Fue la muerte definitiva del sucre y el mayor éxodo de ecuatorianos en la historia.

Tras las elecciones que en Chile ganó el candidato de derecha Sebastián Piñera, las bien fundadas sospechas de manipulación con fines políticos del ranking de competitividad del Banco Mundial, “Doing Business”, en desmedro de la administración de Michel Bachelet, trocaron en indignación después de conocerse las declaraciones del economista jefe del organismo, Paul Romer, a The Wall Street Journal: “Quiero disculparme personalmente con Chile y cualquier otro país donde hayamos transmitido una impresión equivocada”. El índice estuvo siempre arriba durante el gobierno de Piñera, pero siempre abajo durante los mandatos de Bachelet. El mismo Romer, que terminó presentando su renuncia al BM hace pocos días, había destacado que las bajas calificaciones no se debían a cambios en las medidas permanentes del entorno comercial del país sino a nuevas metodologías de análisis. Asegurado el botín, don Sebastián aprovechó la oportunidad para sumarse a la indignación generalizada y hollar al economista jefe caído en desgracia por haber hecho público su examen de conciencia.

En Argentina, “think tanks”, ONG, “Clubes” (1) o asociaciones civiles de la más variada índole han prestado y prestan inestimables servicios a la nueva derecha. Desde el financiamiento espurio de su propaganda hasta la presión a magistrados, la gama es riquísima. El premio de un puesto jerárquico en una ONG puede, en muchos casos, equipararse en influencia al nombramiento como funcionario del estado y superarlo en beneficios económicos. Por eso los saltos de una orilla a la otra son tan comunes en la dinámica neoconservadora, e imprescindibles para apuntalar el plan de negocios PRO-Cambiemos que en la actualidad serpentea dentro del gobierno nacional, después de diez años de calibración en el de la Ciudad de Buenos Aires.

Con el escándalo Triaca aún en efervescencia, el oportunismo del abstruso anuncio de Macri respecto de futuro alejamiento de parientes de funcionarios de primera línea dentro de la administración del estado —algo tan confuso como intrascendente—, preanuncia la reapertura del libro de pases entre las plantillas de las fundaciones y la burocracia pública, engrosada como nunca por el mismísimo Macri. Como señala Delgado Jordan, “el problema no son los familiares; el problema es La Red.”. Y un importante número de ONG enlaza con la Red de redes de Cambiemos. También con la nueva censura, por el aporte de criterios de autoridad, relaciones con el lobby transnacional y, entre otras innumerables capacidades, la de presión para proscribir opositores. En definitiva, un fingido remanso de imparcialidad entre mordaza y garrote.

De acuerdo con la Constitución Nacional, todos los habitantes del país gozan del derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa” (artículo 14). El Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional, afortunadamente es más amplio al respecto y no se limita a la censura previa y la publicación de ideas por la prensa exclusivamente. Sin embargo, la actual modalidad de censura elude la incompatibilidad con estos derechos gracias a su carácter indirecto, con advertencias, premios o castigos —al estilo de Niñera S.O.S, Nanny 911 en el original, rémora del orden y la meritocracia caída sobre ruidosos párvulos— sui generis en tiempo real o a posteriori, eficaz en el singular contexto argentino.

Este marco se caracteriza por la concentración, con más del noventa y cinco por ciento de medios oficialistas, conjugada con la pauta oficial, cuyos principales destinatarios son medios de grupos privados concentrados, con Clarín como receptor dominante; la publicidad oficial sobreabundante, explícita y encubierta; la pauta oficial marginal-reforzadora, canalizada a través de la Cámara de Diputados , Senadores, gobiernos de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad y de los municipios en manos de Cambiemos; la intervención directa del aparato comunicacional del estado en soportes y canales digitales, redes sociales y foros; la estigmatización de opiniones disidentes a través de ejércitos de trols a sueldo, con apoyo de un voluntariado proveniente de un sustrato que la nueva derecha ha desempolvado con habilidad “para canalizar políticamente un autoritarismo social preexistente”, en palabras de Gisela Catanzaro.


Otro aspecto contextual relacionado con la judicialización, paralelo a LAWFARE pero desligado del castigo al liderazgo opositor, tiene que ver con el amedrentamiento a personas o colectivos de interés que, formal o técnicamente, cuestionan proyectos de gobierno de magnitudes tan disímiles como la implementación del voto electrónico o, en un extremo grotesco pero dañino, iniciativas como la del GCBA de construir la boca de la estación Plaza Francia de la línea H en un área verde de la plaza Intendente Alvear. Sonia Berjman, reconocida paisajista e historiadora, osó cuestionar la futura obra con la presentación de un amparo, y el gobierno porteño le colgó el sambenito de una demanda por veinticuatro millones de pesos que aún no se ha resuelto.

Incluso los empresarios exitosos temen la innovación aleccionadora de los epígonos del nuevo paradigma punitivo. Hasta el humor y la sátira los desvelan. Un conocido fabricante de alimentos, también supermercadista al por mayor, otrora contestatario, cocorito en su estampa suburbana, rústico en la crítica a las cadenas de comercialización de comestibles apañadas por el gobierno, publicó con rapidez un comunicado en el que desligaba su marca de las variantes que la creatividad satírica de los disconformes habían ideado para zaherir al gobierno de Macri. Repudiaba las versiones apócrifas del pegadizo jingle enumerativo, tan identificado con su empresa, por considerarlas lesivas para la convivencia pacífica e, incluso, contrarias al sistema democrático. Una hipérbole casi graciosa que el saber popular justificaría con el famoso dicho “El miedo no es zonzo”.

La nueva censura, que aún cuenta con el horizonte de medio mandato para su perfeccionamiento, se perfila como una de las columnas más sólidas para el sostenimiento del plan de negocios de Cambiemos, el mismo que las clases medias han abrazado con la calidez del sufragio, en virtud del sortilegio de eslóganes pletóricos de elogios al orden, al cambio y al mérito imaginario. Con el aumento de la represión a la protesta, sumado al castigo de la disidencia en sus múltiples facetas, también cabe esperar un incremento de la autocensura como método de supervivencia pública o, en otros casos, de resguardo patrimonial.

@ale_enric

1. El Club Político Argentino, creado en junio de 2008, es un buen ejemplo de ONG de “intelectuales” y dirigentes políticos. Lo integran Graciela Fernánez Meijide, Jaime Durán Barba, Vicente Palermo, Ricardo Gil Lavedra, Alejandro Katz, José Luis Machinea, Facundo Suárez Lastra y Juan José Llach, entre otros.

Enlaces selectos, complementarios o citados en el artículo

Los fuegos de diciembre. En: https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/12/19/fuegos-diciembre/

Un día de locos. En: https://www.elcohetealaluna.com/un-dia-de-locos/

¿Quiénes promovieron la dolarización en Ecuador? Por Tristana Santos. En: http://bit.ly/2ntkT8x

World Bank Unfairly Influenced Its Own Competitiveness Rankings. By Josh Zumbrun and Ian Talley. https://www.wsj.com/articles/world-bank-unfairly-influenced-its-own-competitiveness-rankings-1515797620

Sara Morgenstern de Finkel, Crisis de acumulación y respuesta educativa de la «nueva derecha». Revista de educación, ISSN 0034-8082, Nº 283, 1987, págs. 63-78; http://bit.ly/2BIaURY

La nueva función antidemocrática de las corporaciones judiciales. Por Miguel Croceri. En: http://www.diariocontexto.com.ar/2016/04/04/16432/

Clarín es el rey de la pauta oficial. Por Ari Lijalad. En: http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/clarin-rey-la-pauta-oficial/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

La democracia de Brasil empujada al abismoPor Mark Weisbrot. En: https://mobile.nytimes.com/2018/01/23/opinion/brazil-lula-democracy-corruption.html?referer=

Cambiemos: la eficacia del “castigo”. Por Gisela Catanzaro. En: http://www.fmlapatriada.com.ar/cambiemos-la-eficacia-del-castigo-gisela-catanzaro/

El Gobierno impidió la entrada al país a una abogada experta en acceso a medicamentos. En: http://www.infonews.com/nota/312027/grave-el-gobierno-impidio-la-entrada-al

Una vecina quiso frenar una obra del subte y fue demandada por el Gobierno http://www.perfil.com/sociedad/una-vecina-quiso-frenar-una-obra-del-subte-y-fue-demandada-por-el-gobierno.phtml

Télam: un cero en “pluralidad de voces”. En: https://docs.google.com/document/d/1yruQTfeEfoBpGE6U6S1yBli_6e8Pz-jxdwvaFx3mSWQ/edit

Publicidad oficial 2017: concentrada y en aumento. En: http://revistafibra.info/publicidad-oficial-2017-concentrada-y-en-aumento/

El escándalo de la millonaria pauta macrista para los “periodistas militantes”. En: http://contrapoderweb.com/2018/01/26/el-escandalo-de-la-millonaria-pauta-macrista-para-los-periodistas-militantes/

Centralizan el control de las redes sociales del Gobierno en Comunicación Pública. En: http://revistafibra.info/centralizan-control-las-redes-sociales-del-gobierno-comunicacion-publica/

Nueva guerra jurídica en América latina. Por Juan Manuel Karg. En: https://www.pagina12.com.ar/92381-nueva-guerra-juridica-en-america-latina

“Más que nepotismo es un gobierno neo aristocrático“. Entrevista a Guillermo Delgado Jordan en Radio Sur. En:https://www.radiosur.org.ar/noticia.php?id=8448

A LA CLASE MEDIA, ¡GRACIAS POR LA AYUDA! Por Alejandro Marcó del Pont. En: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2018/01/29/a-la-clase-media-gracias-por-la-ayuda/

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[ Mirror del artículo en http://telegra.ph/Sin-la-armonia-de-lo-prohibido-la-nueva-censura-01-31 ]

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